El Tribunal Administrativo de Antioquia ordenó este miércoles la suspensión provisional del Decreto 0182 de 2026, emitido por el Gobierno de Gustavo Petro, que buscaba reorganizar el sistema de salud mediante el traslado masivo de afiliados entre Entidades Promotoras de Salud (EPS). La medida cautelar responde a una acción popular presentada por un ciudadano, quien alertó sobre posibles afectaciones a los derechos colectivos en el acceso a servicios médicos.

Riesgo de colapso en el sistema de salud

El fallo del tribunal señala que el decreto podría generar un “colapso en la atención” si se traslada un número elevado de usuarios a una sola EPS sin garantizar su capacidad operativa. Según el documento judicial, esto podría derivar en “afectaciones generalizadas e irreparables” en la continuidad y oportunidad de los servicios de salud.

El demandante, en su solicitud, pidió específicamente que no se realicen traslados hacia Nueva EPS, una de las aseguradoras más grandes del país, pero que actualmente enfrenta múltiples demandas por falta de entrega de medicamentos y problemas en la atención.

¿Qué busca el Decreto 0182 de 2026?

El gobierno justificó la norma como parte de una reorganización territorial del sistema de salud, estableciendo nuevas reglas sobre qué EPS pueden operar en cada región. Sin embargo, en la práctica, esto implicaría el traslado de 6,5 millones de afiliados, muchos de ellos hacia Nueva EPS.

De acuerdo con datos oficiales, 2,6 millones de usuarios podrían ser asignados a esta entidad, lo que ha generado preocupación por su capacidad para absorber un aumento tan significativo de afiliados.

La medida ha generado rechazo en varios sectores, especialmente por la reducción de opciones para los ciudadanos, quienes perderían la posibilidad de elegir libremente su EPS. Organizaciones de pacientes han advertido que el decreto podría interrumpir tratamientos críticos, como los de cáncer, VIH o enfermedades raras, que requieren atención continua y especializada.

El Tribunal Administrativo de Antioquia analizará en detalle la acción popular presentada, mientras la suspensión provisional del decreto sigue vigente. De confirmarse los riesgos denunciados, el gobierno podría verse obligado a reformular su estrategia o buscar alternativas para garantizar el acceso a la salud sin afectar la calidad del servicio.