La Red de Veedurías de Colombia advirtió sobre un grave riesgo para la salud de más de 106.000 personas privadas de la libertad, tras la implementación acelerada de un modelo de operador único en salud a cargo de la Nueva EPS. La entidad, señalada por crisis financieras y operativas, asumiría la gestión sanitaria en cárceles sin estudios técnicos, jurídicos ni financieros que respalden la medida, según denunció Pablo Bustos, presidente de la red.

Falta de garantías y riesgos inmediatos

El Consejo Directivo del Fondo Nacional de Salud aprobó la transición, pero Bustos advirtió ante la Contraloría y la Procuraduría que no existe un plan de transición que asegure la continuidad del servicio. “La atención en salud a esta población es una obligación reforzada del Estado, reconocida por la Corte Constitucional como un derecho fundamental”, recordó el veedor, destacando que el sistema actual opera mediante un contrato con la fiduciaria Fiduprevisora S.A., firmado en 2025.

La Nueva EPS, según la denuncia, carece de la estructura necesaria para atender las necesidades específicas del sistema penitenciario. Además, la reestructuración se ejecutaría en menos de dos meses, generando dudas sobre su viabilidad.

Consecuencias asistenciales, fiscales y legales

Entre los riesgos identificados destacan:

• Asistenciales: Interrupciones en servicios esenciales, vulnerando derechos fundamentales.
• Fiscales: Indemnizaciones por terminación anticipada de contratos y uso ineficiente de recursos públicos.
• Disciplinarios: Posibles faltas gravísimas, prevaricato y abuso de función pública por decisiones sin sustento técnico.

Bustos solicitó a los organismos de control una intervención inmediata para evaluar los riesgos y evitar un retroceso en la atención sanitaria. El Inpec y representantes de reclusos han expresado escepticismo sobre la capacidad de la Nueva EPS para manejar la complejidad del sistema penitenciario.

El actual modelo de salud en cárceles se gestiona mediante contratos con prestadores en todo el país, cubriendo atenciones básicas, intermedias y de alta complejidad. Sin embargo, el cambio a un operador único podría generar inestabilidad, según expertos.

La Red de Veedurías insiste en que la medida carece de estudios previos y podría derivar en demandas por incumplimiento de derechos. Mientras tanto, la Nueva EPS no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre las acusaciones.

¿Qué sigue?
Las autoridades de control deberán determinar si la transición cumple con los requisitos legales y técnicos. Mientras tanto, los reclusos y sus familias temen por la interrupción de servicios vitales en un sistema ya sobrecargado.