El Gobierno nacional en cabeza del presidente Gustavo Petro y la Nueva EPS, a la que estaba afiliado el pequeño Kevin Acosta, el niño de siete años con hemofilia que murió tras agonizar por una semana tras una caída en bicicleta, insisten en librar su responsabilidad en este caso, indicando que no fue el retraso en el suministro del medicamento mensual que recibía el pequeño para su enfermedad, sino los traumas de la caída los que le causaron la muerte.

El más reciente pronunciamiento del mandatario colombiano lo hizo desde La Guajira, donde se refirió al informe médico del menor, divulgado por la Nueva EPS, en el que atribuye el fallecimiento a “un trauma craneoencefálico severo accidental que generó hemorragia intracraneal”.

Según la entidad, el menor, afiliado al régimen subsidiado en Pitalito (Huila), estaba en manejo profiláctico mensual con aplicación de factor VIII cada 28 días desde octubre de 2019 hasta diciembre de 2025 “sin interrupción”. La EPS aseguró que la última dosis certificada fue aplicada el 14 de diciembre de 2025 y que la siguiente correspondía a enero de 2026.

De acuerdo con el reporte de la ESE Departamental San Antonio de Pitalito, Kevin ingresó el 8 de febrero de 2026 con un trauma craneoencefálico tras caer desde un muro de 1,5 metros mientras montaba bicicleta. La EPS sostuvo que, ante el alto riesgo de complicaciones, no se realizó manejo quirúrgico y que la decisión era conocida por la madre. También indicó que activó traslado aéreo al Hospital de la Misericordia, en Bogotá, el 9 de febrero.

El informe señala además que en noviembre de 2025 la madre solicitó portabilidad del servicio a Charalá (Santander), trámite que —según la EPS— no implicó suspensión del tratamiento, aunque reconoció un retraso en el ciclo mensual tras el regreso a Pitalito el 28 de enero.

Petro afirmó que no se puede hablar oficialmente sin autopsia y rechazó acusaciones contra el Gobierno. En declaraciones posteriores, sostuvo que existe un documento firmado en el que la madre no autoriza cirugía inmediata.

Yudy Katherine Pico, madre del menor, ha negado negligencia de su parte y responsabiliza a la EPS por demoras en medicamentos y traslado. El caso mantiene una fuerte controversia nacional mientras avanzan las investigaciones para establecer responsabilidades.