En medio de la crisis que atraviesa el sistema de salud colombiano, el Ministerio de Salud dio a conocer un nuevo proyecto de decreto orientado a garantizar la continuidad en la prestación del servicio para los afiliados a las EPS que enfrenten dificultades.

El borrador, el segundo de nueve decretos anunciados para reformar el sistema, establece condiciones para la asignación de usuarios en caso de que una EPS se retire voluntariamente, sea liquidada, pierda su habilitación o deba ser intervenida por la Supersalud.

Entre las principales disposiciones, se contempla un “mecanismo excepcional y obligatorio” de traslado de afiliados hacia otras EPS que no estén bajo vigilancia especial de la Superintendencia y cuenten con la habilitación respectiva.

“Ninguna EPS autorizada podrá rechazar a los afiliados asignados”, señala el proyecto, que involucra al Ministerio, la Supersalud y la ADRES en el proceso de reasignación.

Se establecen plazos específicos: la asignación deberá realizarse en máximo 5 días hábiles luego de que la Supersalud remita la lista de EPS receptoras al Ministerio. El traslado entraría en vigencia el primer día del mes siguiente.

De no encontrarse EPS receptoras según los criterios establecidos, se implementarán protocolos adicionales para asegurar la continuidad del servicio a los ciudadanos.

La publicación oficial del decreto está programada para el 21 de abril, en momentos en que se analiza la intervención de la EPS Sanitas debido a sus dificultades financieras.

Ante ello, el superintendente de Salud, Luis Carlos Leal, aclaró que los afiliados a Sanitas “no tienen que incurrir en trámites burocráticos” y que la intervención busca “corregir errores administrativos” sin perjudicar la atención.

“Esta medida protege los intereses y la salud de la población. No se está acabando la entidad”, aseveró Leal, respaldado por el ministro Guillermo Jaramillo, quien garantizó que estarán “atentos” para solucionar los problemas internos y mantener el servicio para los más de 5 millones de usuarios.

Con este nuevo decreto, el Gobierno nacional busca sentar las bases para evitar que eventuales crisis financieras de las EPS impacten a los ciudadanos y garantizar la continuidad en la prestación del servicio de salud en todo el territorio.