El Ministerio de Salud y Protección Social, bajo la dirección de Ana María Vesga, puso en marcha un plan de choque para fortalecer los controles sobre los recursos destinados al sistema de salud. Como parte de esta estrategia, la entidad suspendió temporalmente contrataciones, convenios y prórrogas mientras revisa el manejo de los recursos públicos.

La medida busca garantizar que el dinero destinado al sector sea utilizado para atender las necesidades de los colombianos y llegue efectivamente a hospitales, medicamentos, médicos, enfermeras y servicios para los pacientes. El Ministerio señaló que el objetivo es reforzar la vigilancia sobre cada proceso y establecer con precisión el destino de los recursos.

La decisión se adoptó después de que la Contraloría emitiera una opinión contable negativa y detectara una brecha cercana a los $2,9 billones entre compromisos y giros efectivos. A esto se sumó la identificación de 108 proyectos por más de $365.000 millones que no contaban con registro presupuestal.

Mientras avanzan las verificaciones, la cartera también mantiene auditorías sobre los proyectos y procesos a su cargo. Según el Ministerio, estos controles buscan detectar posibles irregularidades fiscales y administrativas antes de que se comprometan nuevos recursos.

De manera paralela, la entidad presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación para que se investiguen unos audios en los que personas ajenas a la administración presuntamente exigían comisiones del 8% a nombre de la ministra y miembros de su equipo.

El Ministerio reiteró su política de “cero tolerancia” frente a la intermediación y el cobro de porcentajes y aseguró que las medidas adoptadas buscan proteger los recursos de la salud. “Los recursos de la salud no son la caja menor de funcionarios, contratistas, intermediarios ni políticos”, señaló la cartera, al insistir en que estos fondos deben estar destinados a garantizar la atención de los pacientes.