El más reciente informe sobre el estado del aseguramiento en salud en Colombia reveló que las intervenciones de la Superintendencia Nacional de Salud sobre las Entidades Promotoras de Salud (EPS) no han mejorado su situación financiera. Según la Contraloría General, las EPS acumulan pasivos por más de $32,9 billones y enfrentan un incremento en las peticiones, quejas y reclamos (PQR) por parte de los usuarios.

De acuerdo con el informe presentado por el vicecontralor Carlos Mario Zuluaga, las PQR pasaron de 1,3 millones en 2023 a 1,6 millones en 2024. Las principales quejas están relacionadas con la asignación de citas médicas y la entrega de medicamentos, lo que refleja un deterioro en la calidad del servicio, especialmente en EPS intervenidas.

A pesar del aumento en los giros a las EPS —que pasaron de $78 billones en 2023 a más de $87 billones en 2024—, la solvencia del sistema sigue comprometida. Para Zuluaga, el problema no es la falta de recursos, sino la ineficiencia en el gasto. Indicó que las EPS gastan $110 por cada $100 que reciben vía Unidad de Pago por Capitación (UPC), lo que genera un déficit que podría alcanzar los $100 billones en una década si no se corrige.

El informe subraya que de las 29 EPS activas en el país, solo seis cumplen con los indicadores legales para prestar el servicio, cuando hace dos años eran 14. Este dato refuerza la advertencia sobre un modelo insostenible, en el que las intervenciones no han logrado revertir el deterioro del sistema.

Zuluaga señaló que el modelo actual, creado con la Ley 100 de 1993, ha demostrado fallas estructurales persistentes. Entre ellas, la incapacidad de las EPS receptoras para asumir la carga de afiliados trasladados tras la liquidación de otras entidades. También alertó sobre la falta de controles en la contratación con farmacias, IPS y otros prestadores, que impactan la eficiencia del gasto.

El documento técnico de la Contraloría no evalúa directamente el proyecto de reforma a la salud que tramita el Congreso, pero sugiere que cualquier transformación debe centrarse en modelos preventivos y en una mayor eficiencia en la administración de recursos, sin comprometer la atención a la población.

Finalmente, Zuluaga hizo un llamado a repensar la distribución del presupuesto nacional. El sector salud representa el 19% del presupuesto general ($94 billones de $500 billones), una cifra que, según el vicecontralor, obliga a una discusión amplia sobre sostenibilidad fiscal sin dejar de atender las necesidades básicas de la población.

Con información de El Colombiano