La Corte Constitucional ordenó al Gobierno devolver el manejo de EPS Sanitas al Grupo Keralty, una decisión que podría convertirse en un precedente clave para otras aseguradoras de salud que permanecen bajo intervención estatal.

El fallo, conocido este lunes, revocó la medida que la Superintendencia Nacional de Salud impuso hace 15 meses, cuando tomó el control de la EPS alegando incumplimientos financieros y administrativos. Ahora, según lo dispuesto, el Estado tiene un plazo máximo de 15 días para restituir la administración, la representación legal y los órganos de gobierno corporativo a Keralty.

La compañía de origen español se opuso a la intervención desde el inicio y la calificó como arbitraria e injustificada. Su victoria jurídica podría allanar el camino para que otras entidades, también sometidas a medidas similares, emprendan acciones para recuperar su operación.

“El efecto práctico es que se suspenden las decisiones de intervención de la EPS Sanitas y deben restablecerse todos los derechos de los accionistas”, explicó el abogado de Keralty, Juan David Riveros. Si bien aclaró que el fallo tiene efecto únicamente entre las partes involucradas, subrayó que, por tratarse de una decisión de la sala plena de la Corte, “puede constituirse en un precedente que, de aquí en adelante, se utilice como parámetro de interpretación en situaciones semejantes”.

La intervención de Sanitas fue una de las más representativas del paquete de medidas que, durante el gobierno de Gustavo Petro, alcanzaron a siete EPS. Entre ellas, entidades como Compensar, SOS, Emssanar, Ecoopsos, Asmet Salud y Savia Salud. Varios de estos casos fueron cuestionados por las aseguradoras, que insistieron en que la Superintendencia actuó sin fundamentos claros y con motivaciones políticas.

El fallo de la Corte, cuyo texto completo aún no se conoce, revocó la medida independientemente de si la decisión fue por vicios de forma o de fondo. “Lo que demuestra es que la intervención estaba en el marco de la arbitrariedad y la ilegalidad”, aseguró Riveros.

Especialistas del sector advierten que el precedente podría detonar una ola de litigios. “Buena parte de las intervenciones se produjeron bajo argumentos similares. Esto abre la puerta para que los propietarios de las demás EPS también emprendan acciones jurídicas buscando recuperar el control”, afirmó Paúl Rodríguez, docente e investigador en economía de la salud.

Pese al resultado favorable a Keralty, los problemas financieros que afronta el sistema persisten. Según el observatorio Así Vamos en Salud, el patrimonio negativo de seis de las siete EPS intervenidas superaba $6 billones al corte de marzo de 2025, el doble del saldo registrado un año atrás. En el caso específico de Sanitas, cuando fue tomada por el Estado su patrimonio era positivo, por encima de $21.000 millones, mientras que a marzo de este año cerró en -$1,1 billones.

La Superintendencia de Salud defendió en su momento que la intervención buscaba garantizar la atención de los usuarios y sanear las cuentas. Sin embargo, las cifras muestran un deterioro progresivo. Según Así Vamos en Salud, si se incluyen otras aseguradoras como Capresoca y Savia Salud (intervenidas en gobiernos anteriores), el patrimonio negativo total ya supera los \$10 billones.

Mientras se concreta la entrega oficial de la administración a Keralty, el sector salud queda expectante ante la posibilidad de que la decisión se convierta en un punto de inflexión para los demás procesos de intervención vigentes.

“Es un hito porque deja claro que no cualquier argumento es suficiente para tomar el control de una EPS. Ahora, lo más probable es que más aseguradoras consideren demandar la legalidad de las medidas”, agregó Rodríguez.

La Corte Constitucional tendrá también que pronunciarse sobre la constitucionalidad de las otras intervenciones si los litigios comienzan a llegar. Por ahora, el fallo que devuelve Sanitas a Keralty redefine el panorama y abre la puerta a que otras entidades reclamen su administración.