La Superintendencia de Salud tiene ahora la tarea de evaluar la solicitud de Sura y aprobar o rechazar el plan de “desmonte progresivo” propuesto por la compañía. Este plan contempla “mecanismos para proteger los dineros que hay actualmente en las reservas técnicas de la compañía” y “gestionar obligaciones con clínicas, IPS u hospitales”, según explicó Sura.
De ser aprobada la solicitud, EPS Sura asegura tener “la capacidad de gestionar de manera responsable todas las obligaciones actuales, usando las reservas técnicas para respaldar sus compromisos adquiridos”. Sin embargo, advierte que si no se aprueba, “los resultados e indicadores de habilitación financiera sufrirán un deterioro importante”, lo que impactaría negativamente su capacidad de servicio.
En medio de este panorama, el Gobierno ha tratado de llevar tranquilidad a los millones de afiliados a EPS Sura garantizando la continuidad de sus tratamientos y servicios médicos.
En un comunicado oficial, el Gobierno de Gustavo Petro, lejos de verlo como un revés, califica esta decisión como una muestra más de “la urgencia de establecer un nuevo sistema de atención en salud en Colombia, con el paciente como eje central”.
“No es cierto que el Gobierno Nacional esté destruyendo el sistema de salud. La crisis de las EPS es el resultado de problemas estructurales y sistémicos que se han acumulado a lo largo de los años, y no a situaciones coyunturales recientes”, afirma contundentemente el comunicado gubernamental.
En este sentido, el Gobierno rechaza las acusaciones de no haber cumplido con los giros de recursos a Sura y otras EPS. “No es cierto que el Gobierno no haya garantizado los giros de recursos a la EPS Sura, ni a ninguna otra EPS. El Gobierno Nacional ha asegurado cada obligación financiera a las EPS. A Sura le giró, entre el 1° de enero y el 30 de abril, más de $3,5 billones”, precisa el texto.
Pero más allá de las cifras, el Ejecutivo utiliza el caso de Sura como un argumento de peso para impulsar su anunciada reforma al sistema de salud. “De ser aprobada la Reforma a la Salud, las EPS podrán transformarse en Gestoras de Salud y Vida para contribuir a mejorar la prestación de los servicios de salud, acercarse más a los colombianos, incluso en los territorios más alejados, y ofrecer servicios de atención oportunos y eficientes, donde el Estado sea quien asuma el riesgo financiero”, explica.
De hecho, según el comunicado, “la EPS Sura le había expresado al Gobierno nacional que está de acuerdo con dicha transformación”.
En cuanto al futuro inmediato de los afiliados a Sura, el Gobierno busca transmitir un mensaje de tranquilidad: “Mientras se surta el proceso administrativo de solicitud de desmonte progresivo, todos los pacientes continuarán recibiendo los mismos servicios en las mismas instituciones donde los han recibido hasta ahora. No tendrán que cambiar de médico, solicitar nuevas citas de especialista o de operaciones pendientes, ni solicitar nuevas autorizaciones para los servicios previamente aprobados”.
Sin embargo, el Ejecutivo advierte que “la solicitud de desmonte progresivo que ha elevado la EPS Sura a la Superintendencia Nacional de Salud requiere un estudio previo, un análisis de su viabilidad y puede ser aprobada o negada, siempre buscando proteger la continuidad en la prestación de los servicios de salud”.
