El Consejo de Estado ha emitido un fallo que deniega la solicitud del Ministerio de Salud de imponer medidas cautelares contra 26 Entidades Promotoras de Salud (EPS) en Colombia.

El alto tribunal argumentó que no se evidencia una clara vulneración o riesgo inminente para el derecho a la salud, como alegaba el Ministerio, cuyos argumentos estaban basados en un informe de la Contraloría General de la República.

En su pronunciamiento, el Consejo de Estado señaló: “El demandante acude a distintos informes y comunicados de prensa emitidos por la Superintendencia Nacional de Salud y la Contraloría General de la República, lo cierto es que dichos documentos no constituyen una prueba sumaria, que acredite la ocurrencia del hecho”.

La petición del Ministerio de Salud se fundamentaba en un informe de la Contraloría, publicado en febrero de 2024, que revelaba una deuda de $25 billones al sistema de salud y el incumplimiento de indicadores financieros por parte de varias EPS. Sin embargo, el Consejo de Estado consideró que esta información era insuficiente para justificar medidas cautelares.

El fallo subraya la necesidad de un análisis más profundo y detallado: “Para determinar una responsabilidad de las EPS involucradas, resulta necesario presentar un estudio detenido de las disposiciones que se aducen como trasgredidas en el concepto de la violación contenido en la demanda”.

Entre las 26 EPS mencionadas en la solicitud se encuentran entidades como Sanitas S.A EPS, Nueva EPS S.A, y EPS Sura, entre otras. El Ministerio buscaba que estas entidades realizaran “las gestiones necesarias con la finalidad de dar cabal cumplimiento a las inversiones de reservas técnicas, que garanticen el derecho a la salud y su debida prestación”.

Esta decisión se suma a otra reciente del Consejo de Estado, que el 4 de julio negó una solicitud del partido Cambio Radical para suspender la intervención de la Superintendencia de Salud a la EPS Sanitas.