El Consejo de Estado admitió una demanda presentada por la Fundación para el Estado de Derecho (FEDe Colombia) contra la Superintendencia Nacional de Salud, cuestionando la intervención forzosa administrativa realizada sobre la Subred Integrada de Servicios de Salud Centro Oriente en Bogotá.

La decisión del máximo tribunal administrativo pone en el centro del debate la legalidad de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional en marzo de 2024. Según Luis Guillermo Vélez, presidente de la junta directiva de FEDe Colombia, la intervención carece de fundamentos sólidos y viola la autonomía de la capital colombiana.

“La Superintendencia no realizó un análisis exhaustivo de la prestación del servicio, la satisfacción de los usuarios o la cobertura”, afirmó Vélez. Además, señaló que no se agotaron las medidas preventivas contempladas en la legislación, como la vigilancia especial o programas de recuperación, antes de optar por la intervención forzosa.

Esta situación se complica aún más por la reciente rescisión unilateral del contrato entre la Subred y la empresa española Copasa, encargada de la construcción y operación del Hospital San Juan de Dios. La decisión, tomada en agosto de 2024, ha desencadenado un proceso de arbitraje internacional que podría resultar en una compensación millonaria, representando un riesgo significativo para las finanzas públicas de Bogotá.

El conflicto legal no solo amenaza la estabilidad administrativa de la Subred, sino que también pone en jaque el proyecto de modernización del emblemático Hospital San Juan de Dios. Se espera que el tribunal examine detenidamente los argumentos presentados por FEDe Colombia y evalúe la proporcionalidad y justificación de la intervención gubernamental.