El incremento de las acciones judiciales para acceder a servicios médicos en Colombia vuelve a encender las alertas sobre la situación del sistema de salud. La Defensoría del Pueblo advirtió que entre 2024 y 2025 las tutelas en esta materia aumentaron en un 18 %, reflejando barreras persistentes para garantizar este derecho fundamental.

De acuerdo con el informe, el número de tutelas pasó de más de 265.000 en 2024 a cerca de 312.500 en 2025, lo que representa alrededor de 47.500 casos adicionales. Para la entidad, este crecimiento confirma fallas estructurales en el acceso oportuno a servicios médicos, medicamentos y atención especializada.

Actualmente, las tutelas en salud representan el 34 % del total de acciones judiciales en el país, consolidándose como una de las principales causas de judicialización. La defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, señaló que este fenómeno evidencia que el sistema no está respondiendo de manera adecuada a las necesidades de la población.

“La salud no puede seguir dependiendo de la judicialización. Un sistema que obliga a la ciudadanía a acudir masivamente a la tutela evidencia fallas en su capacidad de respuesta”, advirtió la funcionaria, quien además destacó que cerca del 74,3 % de estas acciones son falladas a favor de los usuarios, lo que confirma la existencia de vulneraciones reales de derechos.

El análisis también revela que las enfermedades del sistema circulatorio encabezan las causas de las tutelas, con un 12,2 %, seguidas por afecciones osteomusculares, neurológicas y endocrinas. Entre los diagnósticos más frecuentes se encuentra la hipertensión, así como trastornos mentales como ansiedad, depresión y autismo, que han ganado relevancia en las solicitudes judiciales.

En cuanto a la distribución territorial, el informe identifica una relación inversa entre pobreza y judicialización. Departamentos con mayores niveles de pobreza, como Vichada, La Guajira y Chocó, registran menores tasas de tutelas, mientras que regiones con mejores condiciones socioeconómicas presentan cifras más altas, lo que sugiere desigualdades en el acceso a mecanismos legales.

Frente a este panorama, la Defensoría reiteró la urgencia de avanzar en una reforma estructural del sistema de salud que permita garantizar el acceso efectivo, reducir la necesidad de acudir a la tutela y mejorar la oportunidad en la prestación de los servicios. Según la entidad, el reto no solo es ampliar la cobertura, sino asegurar que la atención sea continua, eficiente y equitativa en todo el territorio nacional.