La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) anunció que entre el 31 de octubre de 2025 y el 6 de febrero de 2026, las víctimas acreditadas en el Caso 10, denominado “Crímenes no priorizados cometidos por las extintas Farc-EP”, podrán presentar observaciones frente a las declaraciones rendidas por 136 comparecientes del antiguo grupo guerrillero.

Según informó el tribunal, las víctimas tendrán la oportunidad de referirse a las versiones entregadas en el marco de la investigación sobre homicidios, masacres, desapariciones forzadas, tomas guerrilleras, atentados, uso de minas antipersonal, desplazamientos forzados y otros hechos que no están incluidos en los casos priorizados por la JEP.

En total, 3.438 personas han sido acreditadas como víctimas en este proceso. La JEP explicó que este espacio busca que los afectados puedan contrastar las versiones de los excombatientes, exigir aclaraciones, aportar información adicional y expresar sus demandas de verdad, reconocimiento y reparación. El objetivo, según la entidad, es contribuir a la reconstrucción de lo sucedido y honrar la memoria de quienes no sobrevivieron al conflicto armado.

La Sala de Reconocimiento de Verdad trasladará todas las observaciones de las víctimas a los comparecientes, quienes deberán revisarlas y, de ser necesario, responderlas. Posteriormente, los despachos de las magistradas Marcela Giraldo Muñoz y Julieta Lemaitre Ripoll se encargarán de contrastar los aportes de ambas partes con otras fuentes documentales y testimoniales, con el fin de avanzar hacia el esclarecimiento de los hechos.

Con este ejercicio, la JEP busca determinar los crímenes más graves y representativos, identificar a los máximos responsables, establecer patrones macrocriminales y documentar los daños causados a las víctimas, las comunidades y los territorios afectados por las acciones de las extintas Farc-EP.

El tribunal de paz precisó que las víctimas podrán participar de manera presencial o virtual, y también a través de audios, videos o escritos presentados por sus representantes legales. Asimismo, se garantizará la protección de la identidad de quienes soliciten mantener su anonimato, en cumplimiento de los estándares de seguridad y confidencialidad establecidos por la jurisdicción.