La Unidad Nacional de Protección (UNP) retiró el esquema de seguridad que tenía asignado el activista y creador de contenido Levy Rincón, quien confirmó la decisión este sábado 12 de septiembre a través de sus redes sociales. El dispositivo estaba conformado por dos escoltas y una camioneta convencional.

La medida se produce en medio de la revisión que adelanta la UNP sobre los esquemas de protección asignados durante la anterior administración. De acuerdo con la información conocida, la decisión sobre Rincón fue tomada después de un nuevo estudio de riesgo, aunque hasta ahora no se han divulgado públicamente las conclusiones detalladas de esa valoración.

Rincón cuestionó duramente la determinación y aseguró que durante los últimos años las evaluaciones de la UNP habían considerado su situación como de riesgo extraordinario. El creador de contenido afirmó que ha recibido amenazas y que ha enfrentado, según su versión, atentados e intentos de asesinato en Cali y Bogotá.

En su reacción, el activista también responsabilizó de manera directa al director de la UNP, Didier Blanco, al director de la Policía Nacional, general Jesús Alejandro Barrera, y al presidente Abelardo de la Espriella por cualquier situación que pueda ocurrirle tras el retiro de las medidas de protección. Además, cuestionó que se hubiera realizado un nuevo estudio de riesgo que calificó de “exprés” y afirmó que este habría desconocido una valoración realizada dos meses atrás. Estas son acusaciones formuladas por Rincón y no constituyen conclusiones oficiales sobre la actuación de los funcionarios señalados.

La decisión generó controversia debido al perfil político de Rincón, reconocido por sus posiciones cercanas al petrismo y por sus críticas al actual Gobierno. En redes sociales, el caso fue presentado tanto como parte de la depuración de esquemas asignados durante el gobierno de Gustavo Petro como como una decisión que podría dejar desprotegido a un activista que asegura haber sido objeto de amenazas.

El retiro de la protección a Rincón se suma a otras decisiones adoptadas recientemente por la UNP sobre personas que contaban con esquemas asignados durante la administración anterior. Entre los casos reportados están los de Juliana Guerrero, Beto Coral y Gabriela Muñoz, dentro de un proceso de revisión orientado a determinar si las condiciones de riesgo que justificaron originalmente las medidas de protección continúan vigentes.