El Tribunal Administrativo de Cundinamarca analiza una demanda que busca tumbar los decretos que autorizaron los viajes de la primera dama, Verónica Alcocer, como embajadora en misión especial para atender asuntos protocolarios.

La acción legal cuestiona los decretos firmados por el presidente Petro y el canciller Leyva que le otorgaron esa categoría diplomática a Alcocer, quien no ostenta ningún cargo público, para que participara en eventos internacionales como el funeral de Isabel II y una visita al Vaticano.

Según la demanda, estos nombramientos violan las normas de contratación estatal al darle facultades propias de servidores públicos a la esposa del mandatario, a quien también se le aprobaron viáticos por más de 60 millones de pesos.

La Procuraduría respaldó estos cuestionamientos al afirmar que tales encargos a familiares directos de altos funcionarios están prohibidos para prevenir nepotismo y corrupción.

Sin embargo, en un concepto ante el Tribunal, la Presidencia defendió la legalidad de las designaciones bajo el argumento de que existen precedentes de misiones diplomáticas a particulares. Aseguraron que Alcocer cumplía funciones de protocolo acordes a su investidura.

El fallo del Tribunal podría sentar un importante precedente sobre los alcances de la figura protocolaria de la primera dama y la conveniencia de su participación en delegaciones oficiales que implican gasto público.