La decisión del Consejo Nacional Electoral (CNE) de suspender provisionalmente la publicación de las encuestas de AtlasIntel agitó el debate político y electoral en Colombia a menos de dos semanas de las elecciones presidenciales de 2026. El caso tomó fuerza luego de que la Red de Veedurías Ciudadanas respaldara públicamente la medida y advirtiera sobre posibles afectaciones a la transparencia del proceso democrático.

La suspensión fue ordenada por la magistrada del CNE Fabiola Márquez Grisales mediante una medida cautelar emitida el pasado 19 de mayo, tras revisar conceptos técnicos elaborados por la Comisión Técnica y de Vigilancia de Encuestas del organismo electoral.

Según el expediente, la firma AtlasIntel habría incurrido en varias irregularidades relacionadas con la elaboración y divulgación de estudios de intención de voto durante la campaña presidencial.

Uno de los principales cuestionamientos del Consejo Nacional Electoral apunta a que las mediciones difundidas corresponderían metodológicamente a sondeos digitales y no a encuestas electorales formales, pese a haber sido presentadas públicamente como tales.

De acuerdo con el análisis técnico del CNE, esa diferencia no es menor, ya que la legislación colombiana establece requisitos específicos para las encuestas electorales y prohíbe divulgar sondeos como si tuvieran el mismo rigor estadístico y legal.

La investigación también señala inconsistencias en las preguntas publicadas, diferencias frente a los formularios reportados al organismo electoral y la supuesta entrega tardía de documentación técnica exigida por la normativa vigente.

Además, el tribunal electoral indicó que la firma no habría presentado de forma completa documentos relacionados con posibles aportes a campañas políticas y políticas de conservación del expediente técnico de los estudios.

La controversia aumentó por el impacto político de las más recientes mediciones difundidas por AtlasIntel y publicadas por la revista Semana. En esos resultados, el candidato Abelardo de la Espriella aparecía con una ventaja superior a 15 puntos sobre Paloma Valencia y se proyectaba una eventual segunda vuelta presidencial frente a Iván Cepeda.

Para la Red de Veedurías Ciudadanas, la suspensión busca proteger la igualdad de condiciones entre candidatos y evitar que estudios presuntamente irregulares influyan en la percepción de los votantes durante la recta final de la campaña.

El presidente de la organización, Pablo Bustos, afirmó que las encuestas ya presentaban “deformaciones documentadas” y aseguró que el objetivo de la medida es impedir que “interferencias con apariencia técnica” terminen alterando la libre expresión de la voluntad ciudadana.

En contraste, AtlasIntel rechazó los cuestionamientos y defendió la validez científica de su metodología. El director ejecutivo de la firma, Andrei Roman, sostuvo que las encuestas de la compañía han demostrado altos niveles de precisión en procesos electorales recientes en Estados Unidos, Argentina y Colombia.

Mientras avanza la investigación administrativa, el caso abrió un nuevo frente de tensión política en medio de una campaña marcada por denuncias sobre garantías electorales, seguridad y desinformación. El CNE deberá ahora determinar si existieron violaciones a la ley de encuestas y si la suspensión provisional se mantiene hasta el cierre del proceso electoral.