El Senado de la República negó el concepto favorable requerido para la segunda versión de la Consulta Popular propuesta por el gobierno del presidente Gustavo Petro, que buscaba consultar a los ciudadanos sobre posibles cambios en el sistema laboral y de salud del país.

La votación, realizada el 17 de junio de 2025 en sesión plenaria, arrojó un resultado definitivo de 52 votos por el “No” frente a solo 2 votos por el “Sí”, según consta en la certificación oficial firmada por el secretario general del Senado, Diego González.

El presidente del Senado, Efraín Cepeda, notificó formalmente este resultado al mandatario mediante una carta fechada el 18 de junio, en la que se detalla el procedimiento seguido durante la votación nominal.

La mayoría de la bancada de gobierno optó por retirarse de la sesión en un intento por quebrar el quorum necesario y evitar la votación. Sin embargo, esta estrategia no prosperó, ya que se mantuvo el número mínimo de 54 parlamentarios requeridos para que la sesión fuera válida.

La decisión también evidenció cambios significativos en las posiciones de algunos senadores. John Besaile, quien había votado a favor en la primera consulta popular, se inclinó esta vez por el “No”. De igual manera, Angélica Lozano y Richard Fuelantala, que previamente se habían abstenido, también votaron en contra del proyecto.

Esta segunda consulta popular surgió tras el archivo de la primera versión en mayo pasado, la cual contenía 12 preguntas. El presidente Petro había denunciado presuntos vicios de trámite en aquella votación, calificándola de inconstitucional, lo que motivó la expedición del Decreto 0639 de 2025.

La nueva propuesta, ampliada a 16 preguntas, mantenía el mismo objetivo: trasladar al pueblo colombiano las decisiones sobre reformas sociales, laborales y económicas que han enfrentado bloqueos sistemáticos en el Congreso.

Pese al rechazo senatorial, la consulta convocada directamente por el presidente mediante decreto sigue vigente. Este mecanismo fue enviado directamente a la Corte Constitucional como respuesta a los cuestionamientos sobre la constitucionalidad del trámite legislativo.

El gobierno ha justificado estas iniciativas como alternativas democráticas ante la resistencia parlamentaria a sus propuestas de transformación del modelo económico y social del país.

Con información de wradio y rtvcnoticias