El Senado de la República aprobó este miércoles, con 73 votos a favor y 11 en contra, permitir que el expresidente Gustavo Petro abandone el territorio nacional, siempre que cumpla con un requisito clave: informar al Legislativo sobre sus viajes con fechas y destinos específicos. La decisión, que se enmarca en el llamado “arraigo constitucional”, llega tras una sesión marcada por el debate político y las tensiones entre bancadas.

La votación se produjo en medio de un contexto complejo. Petro había solicitado permiso para viajar “todo el año siguiente” a su mandato, argumentando compromisos “personales, sociales, políticos y académicos”, aunque sin detallar destinos ni motivos concretos. Sin embargo, la emergencia por el terremoto del pasado 12 de agosto retrasó el trámite, que finalmente se retomó este miércoles tras la elección del nuevo Contralor General.

El “arraigo constitucional”: ¿Qué dice la ley?

Según la Constitución Política de Colombia, los exjefes de Estado que deseen salir del país dentro del año siguiente a dejar el cargo deben solicitar permiso al Congreso. De no hacerlo, podrían enfrentar consecuencias legales por “abandono del cargo”. Este mecanismo, conocido como arraigo constitucional, busca garantizar que los exmandatarios no evadan responsabilidades judiciales o políticas.

La proposición aprobada, impulsada inicialmente por el senador David Racero (Pacto Histórico), establecía que Petro debía notificar al Senado cada salida. Sin embargo, el Centro Democrático presentó una alternativa más estricta: exigir que el exmandatario especifique fechas, lugares y destinos de sus viajes, e incluso conformar una comisión para supervisar sus movimientos.

Debate polarizado: ¿Justicia o persecución política?

La decisión dividió al Senado. Mientras algunos senadores, como Héctor Olimpo Espinosa (Liberal), defendieron el permiso argumentando que “ningún expresidente habría podido salir” si se aplicaran las denuncias como criterio, otros, como Jota Pe Hernández (Partido Verde), se opusieron rotundamente.

“¿Dónde está Carlos Ramón González? ¿Dónde está César Manrique? Ambos están prófugos de la justicia, pero a Gustavo Petro le dan permiso para viajar”, cuestionó Hernández, quien vinculó la salida de Petro con los múltiples procesos que enfrenta en la Comisión de Acusaciones.

En la misma línea, el senador Edgardo Espitia (Cambio Radical) instó al exmandatario a “dar la cara” y enfrentar la justicia. “No salga, no huya”, sentenció. Por su parte, Alfredo Deluque (La U) propuso que Petro pidiera autorización cada vez que viaje, una postura intermedia que reflejó el equilibrio entre el respeto a la ley y las garantías individuales.

Aunque inicialmente el Pacto Histórico respaldaba al candidato a Contralor Rodrigo Laverde (apoyado por cinco partidos), fuentes cercanas al proceso revelaron que una de las razones para cambiar su postura habría sido facilitar la salida de Petro. Este giro estratégico sugiere que, más allá de lo legal, hubo intereses políticos en juego.

Con la aprobación en firme, Petro podrá viajar, pero bajo un esquema de transparencia impuesto por el Congreso. Queda por ver si esta medida logra conciliar el derecho a la movilidad con las exigencias de rendición de cuentas que plantean sus detractores.