La relación entre el presidente Gustavo Petro y la fiscal general, Luz Adriana Camargo, atraviesa su momento más crítico desde que la jefa del ente acusador asumió el cargo. Lo que en 2022 parecía una alianza institucional hoy se asemeja a un distanciamiento irreversible, marcado por reproches públicos, presiones políticas y el avance de investigaciones que rozan al Gobierno y a sectores de las Fuerzas Militares.

El episodio más reciente ocurrió este miércoles, cuando Petro afirmó en X que su administración “había perdido el apoyo” de la fiscal, a quien acusó de preocuparse por una eventual inclusión en la lista Clinton. Señaló, además, que esa supuesta falta de respaldo obstaculizaría el avance del proceso de paz con la disidencia de alias Calarcá. “La paz siempre es el objetivo. Hablar humaniza cualquier conflicto”, escribió.

Las declaraciones del mandatario volvieron a sacudir un escenario ya marcado por tensiones, especialmente por el manejo que la Fiscalía ha dado a los archivos encontrados en dispositivos incautados a esa disidencia hace más de un año.

Una reunión a puerta cerrada en la Corte Suprema

El malestar llegó también a la Corte Suprema. Según fuentes del alto tribunal, algunos magistrados expresaron inquietud por lo que consideran una lentitud injustificada frente a un caso de alto impacto institucional: la posible infiltración de esa disidencia en el Gobierno y en las Fuerzas Militares. Esa preocupación llevó a una reunión extraordinaria con la fiscal, inicialmente prevista para el 3 de diciembre y reprogramada tras un viaje de Camargo a La Haya.

El encuentro se realizó en un salón reservado de la Corte y estuvo encabezado por la presidenta de la Sala Penal, Myriam Ávila. No hubo comunicados oficiales, pero fuentes señalaron que la cita buscaba “tomar la temperatura” institucional y despejar dudas sobre el avance del caso.

Durante casi dos horas, Camargo explicó los avances y obstáculos de la investigación. Magistrados pidieron claridad sobre por qué, pese a tener el material probatorio desde hace más de un año, no se habían adoptado medidas preventivas. La fiscal reiteró que la información hallada es “vasta y compleja” y requiere análisis profundos para diferenciar entre datos en bruto y evidencia judicialmente sólida.

Camargo recordó que ese material ya permitió capturas relacionadas con el atentado contra un helicóptero del Ejército en Amalfi, y defendió que el caso avanza con cautela para no comprometer investigaciones de largo aliento.

Las sombras del caso Calarcá y del general Huertas

Uno de los puntos más sensibles fue la posible conexión entre alias *Calarcá* y el general Juan Miguel Huertas. La fiscal aseguró que la indagación sigue abierta y que se trabaja para determinar si las referencias al oficial corresponden a contactos reales o simples menciones indirectas.

El encuentro se produjo en un contexto judicial especialmente complejo para el Gobierno. En las últimas semanas, la Fiscalía imputó cargos a los exministros Luis Fernando Velasco y Ricardo Bonilla por presunta compra de votos en el Congreso para impulsar las reformas oficiales. Se suman el llamado a juicio del exdirector del DAPRE, Carlos Ramón González —actualmente prófugo en Nicaragua— y la imputación contra el excanciller Álvaro Leyva por irregularidades en la licitación de pasaportes.

A la salida de la reunión, Camargo respondió con firmeza a las afirmaciones del presidente. “A mí no me gusta el trino; no es un mensaje comedido y no entiendo en qué se basa”, dijo. Negó tener temores relacionados con la lista Clinton y descartó cualquier presión externa. “La única preocupación que tengo con autoridades norteamericanas es presentar un trabajo de calidad en la persecución de crímenes transnacionales”.

Y remató: “La Fiscalía no está instituida para prestarle apoyo al Gobierno nacional”.

El distanciamiento entre Petro y Camargo, que comenzó como un intercambio prudente, hoy se ha convertido en un pulso institucional con efectos directos sobre investigaciones de alto impacto. Mientras avanzan los expedientes más sensibles para el Ejecutivo, la confrontación promete seguir marcando el clima político y judicial del país.