La Procuraduría sancionó a tres exfuncionarios del Ministerio de las TICs y a dos contratistas por irregularidades en la etapa precontractual y en la ejecución del contrato estatal suscrito con la Unión Temporal (UT) Centros Poblados 2020, por más de un billón de pesos.

Los servidores sancionados fueron, la exsubdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, Sandra Orjuela Méndez; el exdirector de Infraestructura del MinTIC, Camilo Alberto Jiménez Santofimio, y la exsecretaria General del MinTIC y exdelegataria de la contratación, Adriana Vanessa Meza Consuegra.

Asimismo, los contratistas sancionados fueron, el exrepresentante legal de la UT Centros Poblados 2020, Luis Fernando Duque Torres, y la exrepresentante convencional del Consorcio PE 2020 C Digitales, Paola Andrea Izquierdo Rivera.

La Procuraduría ha impuesto una suspensión de cinco meses a Meza Consuegra por haber incluido una cláusula en el pliego de condiciones de la licitación que contemplaba la figura del amigable componedor, sin haber obtenido la aprobación del Comité de Conciliación de la entidad. Esta falta ha sido considerada como una violación cometida con culpa grave.

Otro funcionario sancionado es Camilo Alberto Jiménez Santofimio, exdirector de Infraestructura del MinTIC y responsable de la estructuración de la licitación. El Ministerio Público lo acusa de permitir modificaciones en los requisitos del indicador patrimonial, sin justificación alguna y en contra de las recomendaciones del consultor TELBROAD-PROFIT. Estas decisiones han beneficiado a la Unión Temporal Centro Poblados, la empresa que resultó ganadora de la licitación. En consecuencia, la Procuraduría ha calificado esta falta como gravísima y con culpa grave, lo que ha derivado en una suspensión de nueve meses para Jiménez Santofimio.

Sin embargo, la sanción más contundente ha sido impuesta a Sandra Orjuela Méndez, ex subdirectora de Gestión Contractual del MinTIC, quien dependía de la Secretaría General del Ministerio. Orjuela Méndez ha sido destituida y se le ha impuesto una inhabilidad para ejercer funciones públicas durante nueve años y un mes.

El Ministerio Público ha señalado a Orjuela Méndez por haber aprobado las garantías del contrato sin realizar una verificación diligente, a pesar de que la Unión Temporal Centro Poblados las presentó de manera extemporánea. Este hecho adquiere gran relevancia debido a que el contratista presentó un documento falso del banco Itaú, lo cual solo se descubrió cuando el Ministerio intentó emprender un proceso por incumplimiento. Esta revelación fue el punto de inflexión que evidenció las irregularidades en el proceso de licitación, considerado como el más ambicioso del MinTIC, con un valor total de 1.1 billones de pesos.