Retiro de condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales dispara la controversia

Por: Elizabeth Montoya

17 enero, 2024

El Ministerio de Justicia expidió un decreto para retirar todas las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales, condenado a 35 años de cárcel por la desaparición de civiles durante la retoma del Palacio de Justicia en 1985.

La decisión expuesta en el decreto 0018 de 2024, se tomó luego de que Helena Urán, hija de uno de los desaparecidos, elevara la solicitud ante el Gobierno de Gustavo Petro como parte del proceso de reparación a las víctimas. La hija del magistrado auxiliar del Consejo de Estado, Carlos Horacio Urán, sostiene que existe evidencia suficiente para inferir que el magistrado salió con vida de la edificación, acompañado por un grupo de militares y luego fue ejecutado, apareciendo sin vida en el primer piso del palacio de Justicia al terminar la operación de recuperación.

Tras agotar la etapa dialógica de búsqueda de la verdad con el militar retirado, donde no se logró un esclarecimiento pleno de los hechos, el Ministerio de Justicia procedió a firmar el decreto que le retira las medallas y reconocimientos.

Arias Cabrales, quien fuera comandante del Ejército, enfrenta una condena de 35 años por su responsabilidad en la desaparición de un grupo de civiles durante la controvertida operación militar “Plan Tricolor” para recuperar el Palacio de Justicia, la cual lideró como comandante de la Brigada XIII del Ejército.

Este nuevo retiro de sus condecoraciones, que dicho por el propio militar retirado “significan el cumplimiento del deber y, sobre todo, el sacrificio, la dedicación y la entrega de quienes eran mis subalternos en ese momento”, se convertiría -a juicio de Arias Cabrales en “una injusticia más” junto a su prolongada condena de 35 años.

Retiro controversial

Sin embargo, el retiro de condecoraciones al general Arias Cabrales por parte del gobierno de Petro ha resultado cuando menos controversial en la política y las redes sociales, generando indignación en la mayoría de los casos, entre otras razones, por considerarlo un acto administrativo inconstitucional y en contravía de la norma que a un miembro de la fuerza pública se le prive de sus grados, honores y pensiones -de acuerdo a la Constitución Política nacional-, solicitando incluso que dicho acto sea demandado y anulado por el Consejo de Estado.

Una de las que rechazó esta medida fue la senadora María Fernanda Cabal, para quien el Gobierno nacional está impedido, tanto legal, como moralmente para realizar esa acción, asegurando que se trata de una retaliación del gobierno de Petro al que calificó como el “gobierno de la venganza”.

“No está establecido, no puede ser que los victimarios que entraron al palacio de justicia a sangre y fuego, asesinando a los vigilantes y quemando vivos a los magistrados sea hoy quien fuerza la norma. No lo vamos a aceptar y vamos a seguir defendiendo el honor militar y la verdad que quieren desconocer”, aseveró Cabal.

No obstante, el trino de la senadora fue respondido por el propio presidente Gustavo Petro, resaltando que el Gobierno tiene la facultad de retirar condecoraciones a “todo militar que sea condenado” gracias al Decreto 1070 del año 2015.

Por su parte, el Ministerio de Justicia sustentó la decisión de retirar las condecoraciones al general (r) Jesús Armando Arias Cabrales en la obligación del Estado de adoptar medidas para garantizar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación ante graves violaciones a los derechos humanos.

El Ministerio argumentó que la normativa establece que los militares condenados por delitos dolosos pierden sus condecoraciones y que en este caso hubo una “clara violación de derechos humanos” y con esta acción se busca la reparación moral de los afectados, señalando, además, que los convenios interamericanos ratificados por Colombia obligan a condenar este tipo de hechos y tomar medidas de rechazo contra los responsables.

No obstante, la periodista Vicky Dávila rechazó el trato benevolente que históricamente ha recibido el M-19, grupo al cual perteneció el presidente Petro, y que mientras al general se le condena a 35 años de prisión por los sucesos del Palacio de Justicia, a los miembros del M-19 se les permitió hacer política, acceder a cargos de poder e incluso gobernar el país, gozando de impunidad por sus actos violentos, entre ellos la propia toma del Palacio que dejó casi un centenar de muertos.

Para Dávila resulta cuando menos cuestionable este doble rasero de la justicia que premia a unos y castiga a otros por los mismos hechos, pues, recuerda que “el M-19 nunca reparó a sus víctimas, jamás dijo la verdad y tampoco pidió perdón. Por el contrario, algunos sobrevivientes sostienen que fueron jóvenes revolucionarios”, pero quienes se llevaron la marca del desprestigio “pagaron ante la justicia por la retoma” fueron las Fuerzas Armadas.

“Todo esto se normalizó. Tanto que ya el propio Gobierno Petro habla de la ‘recuperación’ de la espada de Bolívar y no de un robo o asalto del M-19, tal como ocurrió. Por su parte, Petro dice que es una ‘mentira oficial’ el informe de la Comisión de la Verdad que hicieron magistrados de la Corte Suprema y que concluyó que el jefe del Cártel de Medellín, Pablo Escobar, financió la toma del Palacio de Justicia por parte del grupo terrorista. Como vamos tendremos que declarar un día cívico y agradecer al nefasto M-19 el aterrador Holocausto”, repudió.