Renuncia del ministro TIC agudiza crisis en el gabinete Petro
Por: Maria Jose Salcedo
10 septiembre, 2025

La elección de Carlos Camargo como magistrado de la Corte Constitucional continúa generando repercusiones en el Gobierno Nacional. Este martes, 19 de agosto, se confirmó la primera salida del gabinete del presidente Gustavo Petro tras la derrota sufrida en el Senado: la renuncia de Julián Molina, ministro de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC).
La dimisión de Molina fue aceptada por la Casa de Nariño luego de que su partido, de la U, no respaldara a María Patricia Balanta, candidata del Ejecutivo a la Corte Constitucional. Balanta perdió la votación frente a Camargo por una diferencia de 21 votos.
Junto a la salida del ministro TIC, también se solicitó la renuncia de Antonio Sanguino (Trabajo) y de Diana Marcela Morales (Comercio, Industria y Turismo), representantes de sectores políticos que tampoco habrían apoyado a la candidata oficialista.
“La coalición de gobierno en el Senado se rehace por completo”, escribió el presidente Petro en la red social X tras la designación de Camargo, anticipando una recomposición en su equipo ministerial.
Sanguino, en declaraciones a los medios, admitió que puso su carta de renuncia a disposición. “Si a uno le piden una carta, uno tiene que radicarla. Pero repito, en últimas, será el Presidente quien decida quiénes seguimos acompañándolo en esta tarea”, señaló.
Se espera que en los próximos días el jefe de Estado defina si habrá más cambios en su gabinete.
El remezón político coincide con un ambiente complejo en el Legislativo. Desde el partido de la U se anunció que los ponentes del Presupuesto General de la Nación 2026 no asistirán a la reunión convocada por el Presidente, argumentando autonomía legislativa.
“La decisión responde a criterios de independencia y a la necesidad de mantener un debate técnico y plural en el Congreso, sin condicionamientos externos”, afirmaron Clara Luz Roldán y Alexander Vega.
El proyecto presupuestal enfrenta un déficit de 26 billones de pesos, lo que obligaría a una nueva reforma tributaria, sin mayor respaldo en el Capitolio.
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