Con un balance de tranquilidad y éxito, el registrador nacional, Hernán Penagos, destacó el cierre de las votaciones en las elecciones legislativas colombianas, celebradas este domingo. Aunque se registraron incidentes aislados, como intentos de compra de votos y ciberataques, las autoridades aseguraron que la democracia prevaleció.

Penagos resaltó que las elecciones transcurrieron “de manera pacífica y tranquila”, con millones de colombianos ejerciendo su derecho al voto de forma libre y voluntaria. “Agradecemos a toda la población que se acercó a las urnas. Como siempre, en Colombia hoy triunfó la democracia”, afirmó el registrador.

Sin embargo, no ocultó la existencia de irregularidades, como la incautación de cerca de 4.000 millones de pesos destinados a la compra de votos en departamentos como Amazonas, Antioquia, Guaviare y Norte de Santander. “Estos hechos no representan el ejercicio de las mayorías, porque la mayoría de la ciudadanía tiene un espíritu democrático”, aclaró.

En su primer balance, Penagos alertó sobre un aumento exponencial de ataques cibernéticos contra la Registraduría, con picos de 300 millones de intentos de acceso a datos sensibles. Además, se reportaron 30 casos de suplantación de la página oficial y 60 perfiles falsos en redes sociales que intentaron desprestigiar el proceso.

“Hemos trabajado con más de dos millones de personas para garantizar transparencia, pero estos ataques no deben opacar el éxito de la jornada”, señaló el funcionario.

La Registraduría hizo un llamado a los jurados de votación para que cuenten los votos con calma, en presencia de testigos y supervisores. “Contamos con más de 20 personas por mesa para asegurar que el procesamiento de la información sea impecable”, explicó Penagos.

Mientras tanto, líderes políticos como Gustavo Petro denunciaron presuntos fraudes en ciudades como Cúcuta, aunque las autoridades no han confirmado estas acusaciones.

Pese a los incidentes, las elecciones legislativas en Colombia reafirmaron la solidez del sistema democrático. Las autoridades insisten en que los casos de corrupción y ciberdelitos son excepciones que no empañan el ejercicio ciudadano.