La controversia generada por el anuncio de una posible suspensión provisional del presidente Gustavo Petro ha dado un giro inesperado. Gloria Arizabaleta, presidenta de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, ha rectificado su postura inicial, aclarando que la medida no puede ser aplicada de manera unilateral.

Según Arizabaleta, la propuesta de suspensión provisional del presidente Petro deberá ser sometida a votación dentro de la Comisión de Acusación. Esta rectificación se produce después de que distintos sectores sostuvieran que la presidenta de la Comisión de Acusación no tiene facultades para apartar del cargo al mandatario por cuenta propia.

La discusión jurídica y política que surgió sobre los verdaderos alcances de la orden de suspensión radicada por Arizabaleta ha sido intensa. La congresista del Pacto Histórico había argumentado inicialmente que la medida cautelar era necesaria para evitar una eventual “reiteración de la conducta investigada” durante los días previos a las elecciones presidenciales, en referencia a la investigación que pesa sobre el presidente por presunta participación en política.

Sin embargo, Arizabaleta ha precisado que se trata de una propuesta que debe ser estudiada y votada por los integrantes de la Comisión de Acusación. De esta manera, ha aclarado que no existe una suspensión inmediata ni automática del presidente Petro.

El presidente Petro se ha pronunciado al respecto desde Nueva York, donde preside el Consejo de Seguridad de la ONU, rechazando el accionar de Arizabaleta y denunciando la violación de sus derechos y la ley colombiana. “En mi opinión se ha violado la ley de Colombia, y eso implica un proceso en la Corte Suprema de Justicia”, ha sostenido Petro.

La rectificación de Arizabaleta ha sido bien recibida por el Gobierno y diversos sectores políticos, que han insistido en que el presidente no ha sido suspendido y continúa ejerciendo plenamente sus funciones. Miembros de la propia Comisión de Acusación han señalado que cualquier medida de ese tipo requeriría el respaldo de la mayoría de sus integrantes y, posteriormente, la aprobación del Congreso.

La propuesta de Arizabaleta se fundamenta en normas disciplinarias que permiten adoptar medidas preventivas cuando se considera que la permanencia de un funcionario en el cargo podría afectar el desarrollo de una investigación. Sin embargo, la decisión final sobre la suspensión del presidente Petro dependerá de la votación de la Comisión de Acusación.