Ante la Procuraduría General de la Nación fue radicada una queja disciplinaria contra todos los ministros del Gobierno del presidente Gustavo Petro, por no atender los requerimientos del Congreso en el marco del debate de control político sobre la declaratoria de emergencia económica.

La denuncia fue presentada por el senador Carlos Fernando Motoa, quien cuestionó que el gabinete ministerial no haya respondido a los cuestionarios enviados por el Congreso ni comparecido al debate público citado para examinar las medidas adoptadas por el Ejecutivo, entre ellas el decreto que incrementó impuestos a los licores y otras disposiciones con impacto directo en el costo de vida de los colombianos.

Según el congresista, la ausencia de respuestas constituye una falta grave, al considerar que los ministros habrían incumplido su deber legal de rendir cuentas ante el Legislativo. Motoa aseguró que el Gobierno completa más de tres semanas sin atender los requerimientos formales, recurriendo, según dijo, a excusas y solicitudes de prórroga para aplazar su comparecencia.

“El Gobierno Nacional, que acostumbra a hacerle conejo a los colombianos y al Congreso, ahora pretende hacer lo mismo con el debate de control a la emergencia económica. Llevan tres semanas eludiendo a la Plenaria, amparados en formalismos y excusas”, afirmó el senador.

Motoa calificó como “inaudito” que una decisión de alto impacto fiscal, como la creación de nuevos tributos, aún no cuente con respuestas oficiales a los cuestionarios remitidos a los ministros responsables de su formulación y ejecución.

La queja disciplinaria fue presentada contra los 19 ministros del gabinete nacional, incluidos los titulares de Interior, Relaciones Exteriores, Hacienda, Justicia, Defensa, Agricultura, Salud, Trabajo, Energía, Comercio, Educación, Ambiente, Vivienda, Tecnologías de la Información, Transporte, Cultura, Deporte, Igualdad y Ciencia.

En el documento radicado ante la Procuraduría, el senador sostiene que la omisión del Ejecutivo podría configurar una falta disciplinaria, al vulnerar los deberes de servicio público y de colaboración con el Congreso de la República, fundamentales para el ejercicio del control político en un Estado democrático.