¿Qué implica la declaración de Estado de Cosas Inconstitucional por parte de la Corte Constitucional?
Por: Maria José Salcedo
12 diciembre, 2023
La Corte Constitucional de Colombia emitió un histórico pronunciamiento al declarar el Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) debido a la falta de coordinación entre el gobierno y otras entidades encargadas de garantizar la seguridad de líderes sociales y defensores de derechos humanos en el país.
¿Qué implica? El ECI representa la evidencia de un conjunto de hechos que van en contravía con la Constitución, por esto, con su declaratoria, la Corte pretende generar un espacio extraordinario, donde se conmina al Estado a resolver esta tensión entre la Carta y la realidad.
En este sentido, la determinación del alto tribunal se fundamenta en una serie de hallazgos alarmantes que revelan la incapacidad estatal para salvaguardar la integridad de quienes han denunciado amenazas. La Defensoría del Pueblo ha emitido reiteradas alertas tempranas sobre posibles riesgos y violaciones a los derechos de estos líderes, sin que se hayan implementado medidas efectivas.
Entre los puntos destacados por la Corte, resalta la ausencia de un plan articulado entre entidades clave, como la Fiscalía, los Ministerios del Interior y de Defensa, la Procuraduría y la Unidad Nacional de Protección, para abordar de manera integral esta problemática. Se señala también la existencia de limitaciones presupuestales y posiblemente una falta de voluntad política para tomar las medidas requeridas.
El tribunal otorga un plazo perentorio de 6 meses a estas entidades gubernamentales para establecer planes coordinados que aborden de raíz los problemas identificados. Esta medida busca poner fin a la vulnerabilidad de los líderes sociales y defensores de derechos humanos que enfrentan constantes amenazas en el ejercicio de sus labores.
El pronunciamiento de la Corte se da en un contexto marcado por el preocupante aumento de asesinatos y amenazas contra líderes sociales desde la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Si bien la Corte atribuye parte de esta situación a grupos armados ilegales, enfatiza la responsabilidad del Estado en la protección de estos líderes, subrayando la necesidad de una acción inmediata y decidida.