La Procuraduría General de la Nación ha solicitado la suspensión del proceso de licitación para la adquisición de 170 camionetas blindadas destinadas a la Unidad Nacional de Protección (UNP), argumentando que el proceso presenta serias falencias en los requisitos exigidos a los participantes. La licitación, cuyo valor supera los 74.000 millones de pesos, ha sido objeto de tres intentos de adjudicación, y ahora enfrenta nuevas objeciones por parte del Ministerio Público.

En una carta dirigida a Martha Eugenia Cortés, jefe de la oficina jurídica encargada de las funciones del despacho de la Agencia Logística de las Fuerzas Militares, la Procuraduría expuso los riesgos asociados a la selección de los participantes, en particular con respecto a los requisitos de experiencia. La entidad advierte que estos fallos podrían poner en riesgo los recursos públicos destinados para la compra de estos vehículos, que son clave para la protección de personas en riesgo en Colombia.

Uno de los principales puntos de preocupación de la Procuraduría es el numeral 2.5 del decreto 1082 de 2015, que establece que, si una firma interesada en un contrato tiene menos de tres años de constituida, puede acreditar la experiencia de sus socios o accionistas. Sin embargo, en el proceso de licitación actual, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares habría impuesto otros requisitos adicionales. Según la indagación del Ministerio Público, se exige que la experiencia se acredite mediante un mínimo de uno y un máximo de 20 contratos registrados en el Registro Único de Proponentes, relacionados con la venta, distribución o comercialización de vehículos blindados.

Estas restricciones, según la Procuraduría, podrían limitar la participación de algunas empresas y, en consecuencia, poner en peligro la competencia justa en el proceso de selección.

Ante las irregularidades detectadas, la Procuraduría ha pedido la suspensión inmediata de la licitación hasta que se aclaren las condiciones y se asegure que todos los participantes tengan las garantías necesarias para competir en igualdad de condiciones. Además, la Agencia Logística de las Fuerzas Militares deberá entregar un informe detallado que responda a las preocupaciones planteadas por el Ministerio Público.

En el informe solicitado, la Procuraduría espera que se clarifique el estado actual de la selección de los participantes y se proporcione una copia del manual de contratación vigente. La comunicación enfatiza que esta acción preventiva busca evitar posibles incumplimientos que puedan afectar los recursos públicos involucrados.

El procurador delegado subrayó que esta intervención se enmarca dentro de la Función Preventiva Integral de la Procuraduría, cuyo objetivo es anticiparse a la ocurrencia de hechos que puedan vulnerar los derechos de las personas o comprometer el correcto ejercicio de la función pública. La intención es contribuir al mejoramiento de la gestión pública y garantizar que los recursos del Estado sean utilizados de manera adecuada y transparente.