La Procuraduría General de la Nación reveló este martes un informe en el que se concluye que la campaña presidencial de Gustavo Petro, actual presidente de Colombia, incumplió los topes de gasto establecidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE) durante las elecciones de 2022. Según el documento, se identificaron sobrecostos y omisiones relevantes en el manejo financiero, especialmente en la primera vuelta, así como reportes incompletos en la segunda vuelta.

De acuerdo con el informe del ente de control, la campaña del entonces candidato del Pacto Histórico superó el límite de gasto permitido para la primera vuelta en $154.262.381. Esta diferencia se atribuye a la omisión en la declaración de la factura CI 8136 por un valor de $356.102.872. Con la inclusión de este valor, el total de gastos habría alcanzado los $28.690 millones, excediendo el tope legal de $28.536 millones fijado por el CNE.

La Procuraduría señala como principal responsable a Ricardo Roa Barragán, quien se desempeñó como gerente de la campaña presidencial y actualmente ocupa la presidencia de Ecopetrol. El informe también asigna responsabilidades a Lucy Aydee Mogollón Alfonso, tesorera de campaña; y a los auditores María Lucy Soto Caro y Juan Carlos Lemus Gómez.

Uno de los casos más significativos detectados por la entidad es el del evento de cierre de campaña realizado el 19 de junio de 2022 en el Movistar Arena de Bogotá. Según el informe, el valor real del evento fue de $250 millones, pero solo se reportaron $150 millones ante el CNE. La diferencia fue cubierta por la empresa ServiRed SAS, sin que esta transacción fuera incluida en los informes contables oficiales.

Respecto a la segunda vuelta electoral, aunque la campaña no superó el tope permitido de $13.347 millones, la Procuraduría alertó que los gastos reales llegaron a $13.299 millones, cifra que incluye el valor omitido del evento mencionado. Aunque no hubo sobrepaso del límite, el informe destaca que se mantuvieron las prácticas de omisión y falta de transparencia en los reportes contables.

El informe también detectó la omisión del préstamo realizado por el Partido Polo Democrático. Inicialmente registrado, este fue eliminado posteriormente de los informes con el argumento de haber sido cancelado y reemplazado por otro recurso. Según la Procuraduría, esta modificación distorsionó la realidad financiera de la campaña.

Además, se cuestionó la contratación de testigos electorales por parte del movimiento Colombia Humana. Aunque esta actividad no está contemplada dentro del objeto de una campaña electoral activa según la Ley 996 de 2005, los pagos efectuados por dicho movimiento tampoco fueron reportados, lo que constituye una infracción a las normas sobre financiación electoral.

El informe también señala aportes de organizaciones como la Unión Sindical Obrera (USO) y la Federación Colombiana de Educadores (Fecode). En ambos casos, los recursos no ingresaron a la cuenta oficial de campaña y fueron ejecutados directamente por las organizaciones, sin informar a los responsables financieros, lo que impidió su inclusión en los reportes exigidos por el CNE.

Como resultado de estas observaciones, la Procuraduría concluyó que hubo desconocimiento del régimen legal de financiación de campañas, omisión de reportes obligatorios y falta de transparencia en el manejo de los recursos públicos. Por ello, el ente propuso una sanción equivalente al 1% de los recursos entregados por el Estado para la primera vuelta, lo que corresponde a $154.262.381. Además, se solicitó la devolución de dichos fondos al erario.

Esta investigación se suma al creciente escrutinio sobre la financiación de campañas políticas en Colombia y pone de nuevo en el centro del debate la necesidad de fortalecer los mecanismos de control electoral para garantizar la transparencia en los procesos democráticos. El informe será remitido a las autoridades correspondientes para continuar con los procesos sancionatorios y administrativos que sean pertinentes.