El Tribunal Administrativo de Cundinamarca está evaluando una demanda que cuestiona los cuantiosos gastos de la primera dama, Verónica Alcocer, y su equipo de funcionarios en viajes financiados con fondos públicos.

Ante esta situación, la Procuraduría ha solicitado a los jueces que detengan los desembolsos por concepto de “comisiones” y “viáticos”, argumentando que Alcocer no ejerce funciones como servidora pública y, por ende, no debería ser beneficiaria de estos recursos.

El Ministerio Público ha señalado que la condición de cónyuge del jefe de Estado la inhabilita para ocupar cargos públicos, como lo demuestra la nulidad del Decreto 0035 del 12 de enero de 2023, mediante el cual el presidente comisionó a Alcocer como Embajadora en Misión Especial en Roma, Italia.

Uno de los viajes en cuestión, en el cual la primera dama y el canciller Álvaro Leyva se reunieron con el Papa Francisco, ha sido objeto de críticas por presuntas irregularidades en su financiamiento, contraviniendo normativas vigentes.

Por su parte, una investigación periodística realizada por La Silla Vacía el pasado 9 de enero reveló los elevados costos asociados a los acompañantes de Alcocer, quienes, según los informes, devengaban salarios significativos. Entre ellos se encontraban un maquillador y vestuarista, una encargada de logística, una asesora y un fotógrafo, quienes también percibían viáticos para los viajes, aunque sus funciones no siempre se correspondían con lo estipulado en sus contratos.

La Presidencia, en respuesta a estas revelaciones, emitió un comunicado dos días después, justificando los gastos en función de las labores de asistencia social y beneficencia pública que desempeña Alcocer. Argumentaron que su rol como cónyuge del presidente le otorga atribuciones reconocidas por la jurisprudencia y que estos desplazamientos contribuyen a fortalecer la imagen del país y promover el desarrollo social.

La decisión final sobre la suspensión de los gastos de la primera dama está ahora en manos del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, ante el cual la Procuraduría ha hecho un llamado para que se acceda a las pretensiones de nulidad de la demanda y se esclarezcan las irregularidades señaladas.

Tribunal de Cundinamarca estudia legalidad de viajes de Verónica Alcocer como embajadora