Reiteró su tesis de que la ley es inconstitucional porque supuestamente “los congresistas no contaron con los elementos de juicio necesarios para desarrollar una deliberación ilustrada”.

Según la Procuraduría, la ley de ‘paz total’ tiene diversos elementos sobre la política criminal del Estado como, por ejemplo, los límites en materia de justicia que deberá seguir el Gobierno en los diálogos, las causales de ausencia de responsabilidad penal, la posibilidad de suspender órdenes de captura, por lo que era necesario contar con el concepto previo del Consejo de Política Criminal.

En especial, el ente de control dijo que para tener un concepto claro sobre las llamadas estructuras organizadas de crimen de alto impacto con las que se podrá tener acercamientos. Según la entidad, la ley en realidad está introduciendo una caracterización “nueva de los actores del conflicto armado, la cual evidentemente impacta la política criminal del Estado”.

“Frente a la argumentación del cargo referente a la violación de los derechos de las víctimas, el Ministerio Público considera que tampoco cumple con la carga de certeza, ya que el actor presupone equivocadamente que la suspensión de las órdenes de captura de los negociadores de los grupos armados implica la interrupción de los procesos judiciales, cuando en realidad estos continúan y, en su desarrollo, los afectados por los ilícitos pueden satisfacer sus prerrogativas”.