El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, denunció que alcaldes de distintas regiones del país estarían presionando a contratistas del Estado para obligarlos a votar por determinados candidatos políticos, una práctica que calificó como una grave forma de constreñimiento al elector en medio del proceso electoral en Colombia.

En una entrevista concedida a Noticias Caracol, el jefe del Ministerio Público explicó que varias administraciones locales estarían condicionando la continuidad laboral de trabajadores vinculados mediante contratos públicos, amenazándolos con no renovar sus acuerdos si no garantizan apoyo electoral a determinadas campañas.

Según Eljach, esta práctica constituye una forma de participación indebida en política por parte de funcionarios públicos y será investigada disciplinariamente por la Procuraduría General de la Nación. “Se trata de una conducta de participación indebida en política que esta Procuraduría tiene la obligación de perseguir y sancionar”, afirmó el funcionario.

El procurador detalló que estas presiones se ejercen principalmente sobre contratistas que dependen de la renovación periódica de sus contratos para mantener su sustento económico. De acuerdo con la entidad, las estructuras políticas locales estarían utilizando esta dependencia laboral como mecanismo para asegurar apoyos electorales.

Además del constreñimiento, Eljach alertó sobre la persistencia de la compra directa de votos en varias regiones del país. Según las investigaciones adelantadas por la Procuraduría, el valor de un sufragio puede alcanzar hasta los 250.000 pesos en algunas zonas de Bogotá y en sectores de la región Caribe.

El funcionario advirtió que estas prácticas reflejan la existencia de redes de corrupción electoral que operan en los territorios y que afectan la transparencia del proceso democrático. Sin embargo, reconoció que muchas de estas conductas resultan difíciles de judicializar debido a la falta de denuncias formales y pruebas por parte de los ciudadanos.

“El problema es que existe una escasa cultura para aportar pruebas frente a estos delitos”, señaló Eljach, al explicar que esta situación facilita que las estructuras políticas mantengan esquemas de compra de votos o presión sobre los electores con relativa impunidad.

Auditoría al software electoral

En paralelo a estas denuncias, el procurador informó que la entidad ordenó realizar auditorías independientes al software de escrutinio electoral, luego de que el presidente Gustavo Petro expresara dudas sobre el sistema de transmisión de datos de las elecciones.

Para ello, la Procuraduría contrató peritos expertos en sistemas con el objetivo de evaluar la confiabilidad del programa utilizado durante los comicios. La revisión técnica buscará establecer si el sistema es seguro y si presenta o no vulnerabilidades que puedan afectar la transparencia del proceso.

“El propósito es determinar si lo que se va a hacer es idóneo y no vulnerable a trampas”, indicó el jefe del Ministerio Público, quien aseguró que los resultados de la auditoría serán divulgados públicamente para brindar tranquilidad a la ciudadanía.

Riesgos en zonas con presencia de grupos armados

El procurador también se refirió a los riesgos electorales en regiones donde operan grupos armados ilegales, como el Catatumbo, Arauca, el norte del Cauca y el Bajo Cauca antioqueño.

En estas zonas, reconoció la existencia de un déficit institucional que dificulta el control estatal, aunque aseguró que las autoridades han desplegado la logística necesaria para garantizar el desarrollo de las votaciones.

Finalmente, Eljach hizo un llamado a reducir la polarización política durante el proceso electoral y pidió a los actores políticos respetar los resultados que arrojen las urnas.

“Hay que desarmar la palabra”, señaló el procurador, al insistir en que en un sistema democrático los resultados electorales deben ser aceptados por quienes participan en la contienda, sin promover dudas que puedan afectar la estabilidad institucional del país.