Presunta infiltración de disidencias de las Farc en Fiscalía, Ejército y Policía desata nueva controversia

Por: Maria Jose Salcedo

24 noviembre, 2025

Presunta infiltración de disidencias de las Farc en Fiscalía, Ejército y Policía desata nueva controversia

Una posible infiltración de las disidencias de las Farc en instituciones clave del Estado, incluyendo la Fiscalía, el Ejército, la Policía y organismos de inteligencia ha desatado una nueva controversia alrededdor del Gobierno Petro. Así lo reveló una investigación difundida por Noticias Caracol, que se basó en documentos y comunicaciones extraídas de computadores, celulares y memorias USB incautados el 23 de julio de 2024 en un retén militar en Anorí, Antioquia, a jefes del Estado Mayor de Bloques y Frentes (EMBF).

Entre los hallazgos más sensibles figura un correo fechado el 8 de febrero de 2024, en el que Alexander Díaz, alias Calarcá, líder del EMBF, describe instrucciones para reunirse con un oficial identificado como el general retirado Juan Miguel Huertas, hoy jefe del Comando de Personal del Ejército. Según el documento, el oficial habría propuesto crear una empresa de seguridad fachada para facilitar la movilidad de los disidentes en vehículos blindados y con porte de armas legales.

“El general dice que la montemos mitad y mitad, que él se consigue los permisos y que nosotros pongamos los muchachos y las armas”, se lee en el mensaje publicado por el noticiero. El propósito, según el correo, sería garantizar que los integrantes del EMBF pudieran pasar a la legalidad si eventual­mente fracasan los diálogos con el Gobierno.

La investigación también señala que Huertas habría ofrecido protección en los desplazamientos de los disidentes y mencionado su presunto “vínculo con el presidente” para facilitar operativos de movilidad sin controles. El oficial fue retirado del Ejército en 2022 y meses después se sumó a la campaña presidencial de Gustavo Petro, quien lo reintegró al servicio activo el 6 de agosto de 2024.

Otro nombre mencionado en la correspondencia es el de Wilmar Mejía, un licenciado en educación física que, de acuerdo con el reportaje, se convirtió en un operador relevante de inteligencia estatal por su cercanía con el actual Gobierno.

El material en cuestión, según el noticiero, está en poder de la fiscal general Luz Adriana Camargo. El reporte afirma que la Fiscalía no ha adelantado investigaciones al respecto y que el día de la incautación de los dispositivos se ordenó la liberación de cuatro guerrilleros —entre ellos alias Calarcá— bajo el argumento de que eran gestores de paz.

Chats revelan supuesto apoyo de disidencias a la campaña de Petro

La investigación recoge además conversaciones entre jefes del EMC en las que se menciona un presunto apoyo a la campaña presidencial de Petro en 2022. En uno de los chats, Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, asegura que todo se habría canalizado “a través de Francia Márquez”, sin más detalles. En marzo de este año, Mordisco ya había declarado públicamente que su estructura respaldó la candidatura del hoy mandatario.

Gobierno anuncia indagación interna

Tras la difusión del reportaje, el ministro de Defensa, el general en retiro Pedro Sánchez, anunció la apertura de una investigación interna para esclarecer los señalamientos contra el general Huertas. Aseguró que el proceso se realizará en plena coordinación con organismos de inteligencia y que la información requerida por la Fiscalía será entregada sin reservas.

Sánchez enfatizó que “ningún acto de ilegalidad será tolerado dentro de la Fuerza Pública” y calificó a alias Calarcá y alias Mordisco como criminales responsables de delitos como reclutamiento de menores, secuestro, extorsión, minería ilegal y narcotráfico. Añadió que, pese a que Calarcá tiene suspendida su orden de captura en el marco de la Ley de Paz Total, si es sorprendido en flagrancia, “procederá de inmediato a su captura”.

El caso, que involucra posibles vínculos entre oficiales activos, operadores de inteligencia y estructuras armadas ilegales, ha desatado un nuevo debate sobre la seguridad del Estado y la transparencia en los procesos de paz, mientras las autoridades avanzan en el análisis del material incautado.