Ante el Consejo de Estado fue presentada una demanda de nulidad contra las facultades que se asignó el mandatario en materia de regulación de servicios públicos. Según los demandantes no se cumplió con los requisitos de publicidad y socialización previos exigidos en las normas.

Se trata del Decreto 227 del 16 de febrero de 2023 emitido por parte del Gobierno nacional, en el cual el presidente Gustavo Petro asume algunas funciones de carácter regulatorio en materia de servicios públicos domiciliarios.

La demanda precisa que la decisión tomada por el Gobierno no se cumplió con los requisitos de publicidad y socialización previos exigidos en las normas, en lo que destacaron que, la obligación de la entidad es el de publicar el decreto por un término mínimo de 15 días calendario para que la ciudadanía puede formular opiniones, propuestas o sugerencias alternativas al respecto.

La denuncia señala que el presidente únicamente puede reasumir las funciones que delegó expresamente, pero en el presente caso reasume las competencias que fueron conferidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas y la Comisión de Regulación de Agua, “por parte del legislador, para lo cual no tiene autorización”.

Los demandantes añadieron en un tercer término que se violó el principio de reversa de ley, porque el presidente asumió funciones conferidas directamente por el Congreso a las comisiones reguladoras y que carece de competencias para expedir el decreto.