La reciente decisión de la Procuraduría General de la Nación de confirmar la suspensión por tres meses del canciller Álvaro Leyva Durán ha generado un fuerte revuelo político, especialmente por la reacción del presidente de la República, Gustavo Petro, quien expresó abiertamente su descontento.

A través de su cuenta personal en redes sociales, el mandatario manifestó su desconcierto ante lo que percibe como una falta de equidad en las decisiones disciplinarias. En particular, Petro hizo referencia al escándalo de los Centros Poblados, donde se detectó un desvío de 70.000 millones de pesos destinados a proyectos de conectividad, sin que se aplicaran medidas sancionatorias similares a las adoptadas contra Leyva.

El presidente Petro, visiblemente molesto, destacó la suspensión del canciller como un caso paradigmático de lo que considera un doble rasero en la administración de la justicia disciplinaria. Según sus palabras, resulta incomprensible que mientras algunos funcionarios no reciben sanciones por presuntas irregularidades millonarias, otros son objeto de medidas disciplinarias más severas.

El jefe de Estado también hizo referencia a su experiencia personal como alcalde de Bogotá, recordando situaciones similares donde, según su percepción, la aplicación de sanciones disciplinarias respondía a motivaciones políticas más que a criterios de justicia y legalidad.

La reacción de Petro pone de manifiesto las tensiones políticas existentes en el país, especialmente en un contexto donde se han registrado otros enfrentamientos con distintos órganos de control e instituciones del Estado.

A pesar de las críticas del presidente, la Procuraduría General de la Nación ha mantenido su postura, señalando que la decisión de suspender a Leyva responde a argumentos legales y procesales sólidos. La ratificación de la sanción evidencia la independencia y autonomía de los entes de control disciplinario en Colombia, aunque también despierta debates sobre la imparcialidad y la equidad en la aplicación de la justicia.

En realidad no entiendo como una ministra del anterior gobierno dejó que se robaran 70.000 millones de pesos del internet de los niños y no hubo suspensión y en cambio al ministro que se atravieza en los negocios a dedo de una firma que tiene el cobro de peajes, el escrutinio de…

— Gustavo Petro (@petrogustavo) February 7, 2024