Ante la Procuraduría General de la Nación fue interpuesta una queja disciplinaria contra la defensora del Pueblo, Iris Marín, señalada de haber incurrido en participación indebida en política al, presuntamente, favorecer a una de las candidatas a magistrada de la Corte Constitucional, cuya elección se realizará hoy en el Senado.

La queja fue interpuesta por el ciudadano Santiago Alvarán Mejía, quien afirmó que la funcionaria habría utilizado su cargo y los recursos de la institución para impulsar la candidatura de María Patricia Balanta. Según el denunciante, esto atenta contra los principios de imparcialidad, transparencia y neutralidad que debe observar la Defensoría del Pueblo.

En el documento, Alvarán sostuvo que la actuación de Marín constituye una “intervención indebida en un proceso de elección de alto dignatario”. La acusación se basa en un video publicado el lunes 1 de septiembre a las 5:25 a.m. en la cuenta oficial de la Defensoría en la red social X, en el cual la funcionaria se refirió al proceso de selección del reemplazo del magistrado José Fernando Reyes, cuyo periodo en la Corte está próximo a finalizar.

Aunque Marín afirmó que la elección no debía depender de afinidades con el Gobierno, sus declaraciones generaron controversia cuando advirtió que, de ser elegido un hombre, la participación femenina en el alto tribunal se reduciría al 30% y recordó que la presencia de minorías étnicas ha sido históricamente baja. La única mujer en la terna es Balanta, quien además sería la primera mujer negra en llegar a la Corte Constitucional.

Los otros aspirantes al cargo son el exdefensor del Pueblo Carlos Camargo, apoyado por sectores de oposición, y el académico Jaime Tobar. La elección ha estado marcada por la tensión política, especialmente luego de que el exvicepresidente Germán Vargas Lleras señalara en una columna que la llegada de Balanta aseguraría al presidente Gustavo Petro una mayoría en la Corte Constitucional y mayor incidencia en sus decisiones.

El denunciante pidió a la Procuraduría admitir la queja, verificar el video, abrir una investigación disciplinaria y, de hallarse faltas, imponer las sanciones correspondientes. Además, argumentó que la conducta podría constituir una falta gravísima, ya que el Código General Disciplinario prohíbe a los servidores públicos intervenir en actividades de partidos o en controversias políticas.

La Procuraduría deberá decidir si abre una investigación formal que determine si la defensora del Pueblo vulneró los principios de imparcialidad que exige su cargo en medio de una de las elecciones más relevantes para el futuro de la Corte Constitucional.