En medio de la polémica desatada por las denuncias del presidente Gustavo Petro sobre una supuesta ruptura institucional, se ha presentado una acción de cumplimiento ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca para obligar al canciller Álvaro Leyva Durán a acatar la sanción impuesta por la Procuraduría.

La Procuraduría emitió una sanción de suspensión por tres meses contra Leyva Durán en el marco de una investigación sobre el contrato de los pasaportes, pero éste continúa ejerciendo sus funciones, lo que ha generado un marcado rechazo en diversos sectores.

Hernán Cadavid, representante de la oposición, expresó su preocupación por lo que considera un grave incumplimiento por parte del presidente Gustavo Petro y el Gobierno. Cadavid señaló que el incumplimiento de la sanción constituye un precedente negativo para el respeto a las instituciones y la Constitución.

Presenté Acción de Cumplimiento para evitar que ⁦@petrogustavo⁩ se burle de la Constitución, las instituciones y en este caso, la sanción de la Procuraduría al señor ⁦@AlvaroLeyva⁩ que funge como Canciller

Damos esta pelea con HECHOS y sin aflojar un solo día pic.twitter.com/0C7kMv9JaY

— Hernán Cadavid (@hernancadavidma) February 5, 2024

“El incumplimiento de la sanción de la Procuraduría contra el señor Álvaro Leyva constituye un precedente gravísimo de desatención a las instituciones, de desconocimiento a la Constitución y servirá de muy mala referencia a los funcionarios que en el futuro no les dé la gana cumplir sanciones”, afirmó Cadavid.

Ante esta situación, se ha radicado una acción de cumplimiento para obligar al funcionario a acatar la determinación judicial. La acción busca que el Tribunal Administrativo de Cundinamarca conmine al Gobierno Nacional a hacer cumplir el acto administrativo legítimo de la Procuraduría.

El abogado del canciller Leyva envió una carta a la Procuraduría informando que su cliente tiene la intención de cumplir con la sanción, pero están a la espera de que el presidente designe a un ministro de Relaciones Exteriores encargado, con el fin de evitar un posible abandono del cargo.

Esta situación ha generado un intenso debate en el ámbito político y judicial del país, donde la necesidad de acatar las decisiones judiciales se presenta como un tema central en la discusión sobre el estado de las instituciones en Colombia.