El presidente Gustavo Petro aseguró que ordenó retirar del servicio activo al brigadier general de la Policía Nacional Edwin Pedraza Urrego tras denunciar un supuesto complot en su contra. El anuncio se produjo durante un consejo de ministros realizado en el departamento de Córdoba el pasado martes.

Según el mandatario, el oficial habría tenido una “misión extra”, relacionada —de acuerdo con su versión— con una presunta orden para introducir sustancias psicoactivas en el vehículo presidencial. Petro afirmó que el objetivo habría sido sabotear la reunión que sostuvo el pasado 3 de febrero con el entonces presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

La decisión quedó formalizada mediante el Decreto 0147. En el documento oficial se establece: “Retírese del servicio activo de la Policía Nacional ‘por llamamiento a calificar servicios’ al brigadier general Urrego Pedraza Edwin, a partir de la comunicación del presente decreto”.

El decreto está firmado por el viceministro de Defensa, Javier Andrés Vaquero, quien asumió la firma del acto administrativo debido a que el ministro de Defensa, el general (r) Pedro Sánchez, se encuentra fuera del país.

Tras conocerse la medida, el brigadier general Urrego Pedraza rechazó los señalamientos. En declaraciones a Blu Radio, el oficial sostuvo que nunca ha intentado realizar acciones deshonestas que comprometan su ética o la imagen de la institución policial. Además, afirmó que no ha tenido cercanía física con el vehículo presidencial.

El uniformado también manifestó que estaría dispuesto a someterse a pruebas de polígrafo si las autoridades lo consideran necesario para esclarecer los hechos.

Hasta el momento, no se han conocido pronunciamientos oficiales sobre la apertura de investigaciones disciplinarias o penales relacionadas con las acusaciones mencionadas por el jefe de Estado. Tampoco se han divulgado detalles adicionales sobre la supuesta orden que habría recibido el oficial ni sobre las circunstancias en que se habría desarrollado el presunto complot.

Se cree que esta decisión estaría relacionada con el allanamiento a la residencia del ministro del Interior, Armando Benedetti, en noviembre pasado, ordenado por la magistrada Cristina Lombana , por presunto enriquecimiento ilícito.

La medida se produce en medio de un contexto político y de seguridad marcado por tensiones entre el Gobierno y algunos sectores institucionales, mientras continúan las discusiones sobre la estabilidad y los cambios en la cúpula de la Fuerza Pública.