El Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella expidió el Decreto 1525 de 2026, que modifica los protocolos de actuación de la fuerza pública durante las manifestaciones en Colombia y establece nuevas condiciones para intervenir ante disturbios, bloqueos y hechos violentos.

El cambio más importante es que la Policía Nacional y la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden (UNDMO), antiguo Esmad, podrán intervenir sin agotar previamente las etapas de prevención, diálogo y mediación, contempladas en el Decreto 003 de 2021.

Esta facultad podrá aplicarse cuando se presenten agresiones contra personas o uniformados, uso de armas, explosivos o artefactos incendiarios, retención de ciudadanos, ataques a misiones médicas o periodísticas y destrucción de infraestructura pública o privada.

Sin embargo, la intervención deberá dirigirse exclusivamente contra quienes participen en los hechos violentos, sin afectar el derecho de los demás ciudadanos a continuar manifestándose pacíficamente.

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¿Qué se permite y qué sigue prohibido?

La nueva reglamentación mantiene la prohibición del uso de armas de fuego por parte de los policías durante las manifestaciones y de la intervención de las Fuerzas Militares para controlar las protestas.

También establece que las autoridades no podrán disolver indiscriminadamente una movilización por actuaciones violentas individuales. El uso de la fuerza deberá responder a criterios de legalidad, necesidad, proporcionalidad y diferenciación.

En cuanto a los bloqueos, la obstrucción temporal de una vía no constituye automáticamente un acto violento. No obstante, las autoridades podrán intervenir cuando se comprometan gravemente derechos fundamentales, servicios esenciales o infraestructura crítica.

El decreto contempla, además, corredores humanitarios para garantizar el tránsito de ambulancias, bomberos, medicamentos, alimentos y personas vulnerables.

Intervenciones deberán quedar justificadas

Cuando se omitan las etapas de diálogo, el Puesto de Mando Unificado (PMU) deberá documentar las circunstancias que justificaron la decisión e informar al Ministerio Público.

También se contemplan mecanismos de seguimiento y rendición de cuentas sobre las actuaciones de las autoridades, incluidos balances posteriores de afectaciones y denuncias.

Gobierno defiende cambios y oposición advierte riesgos

El ministro del Interior, Rodrigo Lara, defendió la reforma al asegurar que busca proteger a quienes protestan pacíficamente y evitar que grupos violentos aprovechen las movilizaciones para cometer delitos.

En contraste, sectores de oposición y organizaciones defensoras de derechos humanos advierten que las nuevas facultades podrían facilitar intervenciones anticipadas y desproporcionadas.

La primera prueba del decreto será este miércoles 14 de octubre, durante las movilizaciones nacionales convocadas por centrales obreras, organizaciones sociales y sectores de oposición, en medio del debate sobre los límites de la intervención policial y las garantías constitucionales del derecho a la protesta.