El proyecto del Gobierno nacional para mejorar el acceso a la salud en la región amazónica ha quedado envuelto en una controversia que involucra presuntos casos de abuso de poder y nepotismo. En el centro del escándalo se encuentra Beatriz Gómez Consuegra, esposa del ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, y actual superintendente delegada para prestadores en la Superintendencia Nacional de Salud.

La polémica gira en torno al proyecto del hospital fluvial del Amazonas, una iniciativa valorada en 55.000 millones de pesos que busca atender a comunidades ribereñas en zonas de difícil acceso. Sin embargo, su ejecución ha sido frenada por múltiples obstáculos legales, financieros y administrativos. A ello se suman las denuncias sobre presiones indebidas para forzar la firma del contrato que permitiría su puesta en marcha.

Denuncias de presiones y abuso de autoridad

Según reveló el periodista Daniel Coronell en su columna de la revista Cambio, Gómez Consuegra habría presionado a funcionarios del Hospital San Rafael de Leticia, ente encargado del proyecto, para que firmaran de forma inmediata el contrato con la empresa Cotecmar, constructora del buque hospital. La presión, de acuerdo con grabaciones difundidas, habría incluido advertencias de renuncia inmediata si no se cumplía la orden.

La entonces agente interventora del hospital, Lina Baracaldo, y el asesor jurídico Mario Castro, recomendaron aplazar la firma del convenio debido a la ausencia de garantías presupuestales y jurídicas. Ambos señalaron que sin recursos asegurados, la sostenibilidad del hospital fluvial podría comprometer al Hospital de Leticia, designado como operador del servicio.

A pesar de estas advertencias, el pasado 27 de marzo, Gómez Consuegra habría realizado una llamada a los funcionarios exigiendo la firma del contrato, ignorando los reparos técnicos y financieros. En la conversación también habrían participado Mónica González, directora de medidas especiales de la Superintendencia, y una contratista de nombre Nayith Arango.

Posteriormente, el 31 de marzo, la Superintendencia Nacional de Salud emitió la resolución mediante la cual removió a Lina Baracaldo del cargo de agente interventora. En su lugar fue nombrada Dennis Amparo Vásquez Arias, figura con presuntos vínculos políticos en el departamento del Tolima, de donde es originario el ministro Jaramillo.

Reacciones oficiales

Consultada sobre el contenido de la grabación, Gómez Consuegra negó haber participado en la llamada. Sin embargo, al ser confrontada con el audio, aseguró no reconocer su voz, a pesar de la similitud con registros públicos previos.

Por su parte, el Ministerio de Salud emitió un comunicado en el que expresó preocupación por las “demoras injustificadas” en la ejecución del hospital fluvial, reiterando la necesidad de avanzar con el proyecto. La cartera no hizo mención a las denuncias contra la esposa del ministro.

El ministro Guillermo Alfonso Jaramillo, a través de su cuenta en la red social X, defendió a Gómez Consuegra y afirmó que su designación fue anterior a su nombramiento como titular de la cartera. Además, sostuvo que no existe inhabilidad alguna, citando un concepto de la Función Pública que descarta conflictos jerárquicos o de nominación entre sus roles.

El hospital fluvial del Amazonas ha enfrentado múltiples retos desde su anuncio. Además del aumento de costos exigido por Cotecmar, la falta de aprobación de vigencias futuras por parte de la Gobernación del Amazonas y una acción de tutela interpuesta por comunidades indígenas, alegando ausencia de consulta previa, han retrasado la implementación del proyecto.

El objetivo principal del buque hospital es brindar atención médica a poblaciones remotas del Amazonas, históricamente afectadas por la falta de infraestructura en salud. Sin embargo, la falta de respaldo financiero y la inestabilidad jurídica han puesto en riesgo la viabilidad del mismo.