Washington y Bogotá atraviesan su mayor crisis diplomática en décadas tras el anuncio del gobierno de Estados Unidos de incluir al presidente colombiano Gustavo Petro, a su familia y al ministro del Interior, Armando Benedetti, en la llamada “Lista Clinton”.
La medida, oficializada el 24 de octubre de 2025 por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, constituye un hecho histórico sin precedentes: nunca antes un mandatario en ejercicio de Colombia había sido sancionado bajo este mecanismo.

La “Lista Clinton”, creada en 1995 durante la administración de Bill Clinton, sanciona a personas y entidades vinculadas a delitos como narcotráfico, terrorismo o corrupción. Estar incluido implica el bloqueo inmediato de activos y la prohibición de realizar transacciones financieras con cualquier institución o individuo bajo jurisdicción estadounidense, lo que supone un fuerte impacto económico y reputacional para los señalados.

Además de Petro, fueron incluidos su esposa Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro Burgos y el ministro del Interior, Armando Benedetti. Washington argumenta presuntos vínculos con actividades de narcotráfico, acusaciones que el mandatario ha calificado como “una amenaza cumplida” y parte de una estrategia de presión política.

#POLÍTICA “Hoy me están metiendo en la lista de OFAC, como la llaman, porque le dije al pueblo de Colombia que la CIA había pagado el programa Pegasus para pasarse por encima de la ley de Colombia en el mismo territorio colombiano e interceptar comunicaciones de no sabemos qué y… pic.twitter.com/FWcXpdreJo

— ÚltimaHoraCaracol (@UltimaHoraCR) October 24, 2025

“Jamás he tenido relación alguna con estructuras del narcotráfico. Esta sanción busca debilitar nuestro proyecto de paz y soberanía”, declaró el presidente desde la Casa de Nariño. Su hija, Andrea Petro, también defendió públicamente la inocencia de su familia y calificó la medida como una “afrenta contra la democracia colombiana”.

 Tensiones previas y repercusiones

El anuncio se produjo luego de semanas de fricciones entre Bogotá y Washington. Estados Unidos ya había impuesto restricciones de visa al presidente Petro y varios de sus colaboradores. El senador republicano de origen colombiano Bernie Moreno fue uno de los promotores de la solicitud para incluir al mandatario y a su entorno en la lista, citando supuestas pruebas de vínculos financieros irregulares con redes del narcotráfico.

Expertos advierten que esta sanción podría tener consecuencias profundas en la cooperación bilateral, especialmente en áreas estratégicas como seguridad, comercio y lucha antidrogas.

“Es una crisis diplomática de gran magnitud. La inclusión de un presidente en ejercicio en la Lista Clinton erosiona la confianza entre ambos países y envía un mensaje de aislamiento político”, señaló el analista internacional Felipe Restrepo.

 Alcance de las sanciones

Las sanciones impuestas por la OFAC conllevan graves restricciones financieras y diplomáticas. Los afectados verán congelados todos sus bienes bajo jurisdicción estadounidense, además de enfrentar la prohibición total de realizar transacciones con ciudadanos o entidades de ese país. También se revocarán sus visas y las de sus familiares directos.

En el ámbito internacional, la medida genera un estigma severo: los bancos y empresas globales que operan con el sistema financiero estadounidense suelen acatar las directrices de la OFAC para evitar sanciones secundarias, lo que puede traducirse en un aislamiento financiero total.

Un capítulo incierto

El impacto político en Colombia no se hizo esperar. Mientras la oposición calificó el hecho como una “vergüenza nacional”, sectores afines al Gobierno lo interpretaron como una maniobra de injerencia extranjera.

En el plano internacional, la inclusión de Petro en la Lista Clinton reconfigura la diplomacia regional y plantea interrogantes sobre el futuro de la cooperación colombo-estadounidense, históricamente considerada un pilar en América Latina.

La decisión del gobierno de Joe Biden abre un capítulo inédito y tenso en las relaciones bilaterales, dejando a Colombia ante un escenario de incertidumbre política, económica y diplomática.