El presidente Gustavo Petro anunció este martes 25 de noviembre la realización de un examen de informática forense sobre los chats revelados por Noticias Caracol, en los cuales se mencionan presuntos vínculos de disidencias de las FARC con altos funcionarios del Estado, entre ellos el general Juan Miguel Huertas y el director de Inteligencia de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI), Wilmar Mejía.

Durante un consejo de ministros, celebrado en la Casa de Nariño, Petro explicó que habrá decisiones —que podrían incluir la suspensión de los funcionarios implicados— solo después de contar con el aval técnico de la Fiscalía. “De acuerdo con eso tomaré decisiones, no antes, porque debo procurar que la verdad sea la que guíe mis decisiones”, afirmó.

La revelación periodística y la ratificación de autenticidad por parte de la Fiscalía han encendido el debate sobre una posible infiltración de las disidencias en instituciones de defensa e inteligencia. En los archivos incautados en julio de 2024 en un operativo en Anorí, Antioquia —que incluyen computadores, discos duros, correos electrónicos y memorias USB— se registran conversaciones en las que, según la investigación, se sugiere que miembros de la disidencia liderada por alias Alexander Díaz, alias “Calarcá”, habrían mantenido contactos con el general Huertas y Mejía con miras a crear una empresa de seguridad fachada para permitir movilidad y porte de armas legales.

Previamente, el mandatario había salido en defensa de los oficiales mencionados, calificando como “falsas” las denuncias y sugiriendo que tras ellas podría haber intereses de corrupción o maniobras de desinformación, incluso aludiendo a la participación de la CIA. Según Petro, los señalados lo apoyaron en la identificación de casos de corrupción en el Ejército, como robos de armas y permisos irregulares para empresas de seguridad que, según él, fueron frenados por su gobierno.

No obstante, con el anuncio del peritaje forense, el gobierno parece dar un giro y avalar que las pruebas sean objeto de verificación técnica antes de tomar medidas. El propio director de la DNI asistió al consejo de ministros, lo que sugiere que el Ejecutivo consideró pertinente revisar internamente el alcance del escándalo.

El peritaje ordenado por Petro busca esclarecer si los chats atribuidos a alias “Calarcá” —y difundidos por medios de comunicación— contienen evidencia fidedigna sobre infiltración de disidencias en los rangos del Estado, o si, como sostiene inicialmente el presidente, se trata de acusaciones infundadas motivadas por intereses oscuros. La decisión marca un hito en el manejo de un escándalo que pone en el centro la credibilidad de las instituciones de defensa y seguridad del país.