El presidente Gustavo Petro solicitó a la Corte Constitucional levantar la suspensión provisional del Decreto Legislativo 1390 de 2025, con el argumento de fortalecer la capacidad del Gobierno para atender la emergencia humanitaria causada por fenómenos climáticos extremos que afectan principalmente a los departamentos de Córdoba, Sucre y otras regiones del país.

En una carta enviada al alto tribunal, la Presidencia expuso que la crisis se ha intensificado desde que fue suspendido el decreto que declaraba la emergencia económica y social en todo el territorio nacional. Según el documento, al menos 14 personas han fallecido, más de 9.000 viviendas han sido destruidas y cerca de 50.000 familias, equivalentes a unas 300.000 personas, han resultado afectadas por inundaciones y desastres asociados a las lluvias.

El Gobierno también advirtió que más de 35.000 hectáreas productivas permanecen bajo el agua, situación que compromete la seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de miles de hogares. Además, alertó sobre el riesgo de una eventual hambruna y la posible llegada de nuevos frentes fríos que podrían agravar el panorama.

En la comunicación, el Ejecutivo sostuvo que la solicitud no responde a un debate político o ideológico, sino a una urgencia humanitaria que requiere decisiones inmediatas. En ese sentido, señaló que la suspensión del decreto limita la capacidad institucional para adoptar medidas extraordinarias que permitan atender la crisis con mayor rapidez.

La Corte Constitucional había suspendido provisionalmente los efectos del Decreto 1390, expedido el 22 de diciembre de 2025, mediante una decisión adoptada el 29 de enero de 2026 con votación de seis magistrados a favor y dos en contra. La medida dejó sin efectos temporales la declaratoria de emergencia económica y social decretada por el Gobierno.

El caso también ha generado cuestionamientos debido a que, en su momento, la Presidencia no solicitó la prórroga del decreto dentro del plazo de 30 días establecido en la normativa, lo que ahora forma parte del contexto jurídico que rodea la solicitud presentada ante el tribunal constitucional.

La Corte deberá evaluar los argumentos del Ejecutivo y determinar si mantiene o levanta la suspensión, una decisión que podría incidir en la estrategia estatal para enfrentar la actual temporada invernal y sus efectos sobre las comunidades afectadas.