El presidente Gustavo Petro ha dado una estricta orden a todos los ministerios, departamentos administrativos y entidades del sector central de la rama ejecutiva. A partir de ahora, tienen la obligación ineludible de notificar a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) cualquier hecho ilícito cometido por funcionarios públicos o particulares.

“En todos los procesos penales por delitos contra la administración pública y/o por actos de corrupción, las Entidades a las cuales va dirigida la presente directiva, deben desarrollar una estrategia de defensa jurídica bajo la coordinación de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del estado”, reza la contundente directiva presidencial.

Pero las medidas no se detienen ahí. Petro también ha instruido que la entidad involucrada en un caso de corrupción debe notificar a la Fiscalía o la Corte Suprema y solicitar su reconocimiento como víctima en el proceso penal. “Esta es una señal inequívoca de que no habrá tolerancia con la corrupción en ningún nivel de gobierno”, declaró el ministro del Interior, Alfonso Prada.

La estrategia de defensa jurídica contra la corrupción también contempla una serie de pasos rigurosos. Los ministerios o sectores afectados están obligados a entregar toda la información del caso a la ANDJE, quien a su vez convocará una mesa de trabajo para definir la estrategia de defensa. Además, la agencia deberá entregar informes periódicos a la mesa para documentar la corrupción, tal como anunció el Gobierno nacional en medio del reciente escándalo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo.

“Esta es una lucha frontal contra la corrupción que no admite contemplaciones”, afirmó el presidente Petro en un enérgico discurso. “Hemos venido a limpiar el Estado de las lacras que lo corroen desde adentro, y no descansaremos hasta lograrlo”.