La Presidencia de la República firmó un contrato cercano a los 10.000 millones de pesos con la firma de abogados Amadeus Consultancy Limited para asumir la defensa jurídica internacional del presidente Gustavo Petro frente a las sanciones financieras impuestas por Estados Unidos, tras su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), conocida como Lista Clinton.

La contratación, suscrita a comienzos de enero por el Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre) bajo la modalidad de contratación directa, se financiará con recursos del Presupuesto General de la Nación y tendrá vigencia entre el 9 de enero y el 30 de abril de 2026. Según el documento oficial, el objeto del contrato es brindar asesoría altamente especializada en el análisis normativo, doctrinal y procedimental del régimen de sanciones financieras internacionales aplicado por autoridades extranjeras.

El presidente Petro defendió públicamente el uso de recursos públicos y aseguró que las sanciones fueron consecuencia de gestiones realizadas por sectores de la oposición en el exterior. A través de su cuenta en X, afirmó que dichas actuaciones buscaron afectar a su gobierno y derivaron en su inclusión en la lista estadounidense.

Las explicaciones del mandatario se dieron en medio de cuestionamientos por el alto monto del contrato y tras críticas públicas, entre ellas las de la periodista Salud Hernández Mora. Desde la oposición se insiste en que los servicios contratados corresponden a una defensa personal del presidente y su entorno familiar, lo que, a su juicio, no debería ser asumido por el Estado.

Ante estas denuncias, la Procuraduría General de la Nación abrió una indagación previa contra el Dapre para verificar si el proceso cumplió con los principios de la contratación estatal. El Ministerio Público solicitó copias del contrato y de los estudios previos, con el fin de establecer si existieron irregularidades o un eventual detrimento patrimonial.

La actuación disciplinaria se originó tras una denuncia de la representante a la Cámara Katherine Miranda, quien cuestionó que un servicio que, según versiones previas, habría sido ofrecido de manera gratuita por el abogado Daniel Kovalik, terminara convertido en un contrato millonario con recursos públicos.

Mientras el Gobierno sostiene que se trata de un asunto de interés institucional frente a sanciones internacionales, la controversia política y jurídica alrededor del contrato continúa abierta.