Paz total: abogados habría exigido dinero a extraditables para acogerse a la medida

Por: becquerel

11 marzo, 2023

Abogados habrían exigido dineros a extraditables para ingresar a la ‘paz total’. Foto: Captura de video

La polémica sobre la supuesta corrupción en el proceso de “paz total” sigue creciendo, con nuevas acusaciones de extorsión que involucran a abogados que supuestamente exigen dinero a extraditables para incluirlos en la medida. La última denuncia ha sido hecha por un grupo de internos de cárceles colombianas, que en una carta enviada al Fiscal General Francisco Barbosa y al Alto Comisionado para la Paz, Danilo Rueda, aseguran haber sido presionados por abogados inescrupulosos para pagar altas sumas de dinero a cambio de ingresar en el proceso de paz.

En la carta, los reclusos afirman que los abogados se presentaron como voceros del Gobierno Nacional, del Comisionado de Paz y del hermano del presidente Gustavo Petro, Juan Fernando Petro, y que exigieron grandes cantidades de dinero a cambio de la inclusión en el proceso de paz. Sin embargo, los internos aseguran que tras realizar sus propias investigaciones, llegaron a la conclusión de que los abogados no tenían relación con ningún funcionario del Gobierno y que habían actuado por cuenta propia.

La misiva, de dos páginas, fue firmada por varios extraditables y radicada ante la Presidencia de la República y la Fiscalía General de la Nación el pasado 6 de marzo, con el objetivo de desvincular a los funcionarios del Gobierno de las acusaciones de corrupción en el proceso de paz.

Cabe señalar que las autoridades están llevando a cabo investigaciones que también involucran al hijo del presidente Petro, Nicolás Petro Burgos, quien ha sido acusado de recibir dineros ilegales para la campaña de su padre.

Ante las acusaciones, el presidente Petro se pronunció a través de su cuenta de Twitter, afirmando que tanto su hermano como su hijo deben responder ante la justicia y probar su inocencia en estos casos de corrupción. Las investigaciones siguen en curso para determinar la veracidad de las acusaciones y si efectivamente hubo irregularidades en el proceso de paz.