El excandidato presidencial Óscar Iván Zuluaga renunció al Centro Democrático, partido por el que fue candidato presidencial en 2014, tras escándalo de los audios por el caso Odebrecht , según confirmó el partido este jueves en un comunicado.

El Centro Democrático explica en la comunicación las razones de la aceptación de la renuncia: “Para bien de nuestra democracia, hoy más que nunca la justicia tiene la responsabilidad con los colombianos de clarificar todas las dudas y los gravísimos cuestionamientos que recaen sobre la financiación de las campañas presidenciales del 2014, 2018 y la actual de 2022”.

Frente a hechos relacionados con el doctor Óscar Iván Zuluaga, el Centro Democrático se permite entregar el siguiente comunicado a la opinión pública. pic.twitter.com/zLxbnn2oHJ

— Centro Democrático (@CeDemocratico) July 6, 2023

El próximo 10 de julio, Óscar Iván Zuluaga, junto a su hijo David, serán acusados por varios delitos, incluyendo presunta recepción de financiación ilegal de la gigante brasileña Odebrecht en su campaña presidencial de 2014.

De acuerdo con la Fiscalía, los delitos que se les imputarán son falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito.

Zuluaga fue candidato presidencial en las elecciones de 2014, donde fue derrotado en segunda vuelta por el entonces presidente Juan Manuel Santos (2010-2018).

De acuerdo con las pruebas recopiladas, en 2014, el aspirante del Centro Democrático mantuvo varias reuniones con Eleuberto Martorelli, exdirectivo de Odebrecht en Colombia, en las que se habría pactado el un apoyo financiero de la multinacional.

El monto total supuestamente girado por Odebrecht asciende a 1,6 millones de dólares y se habría hecho a través de una cuenta en Panamá, cantidad que Zuluaga no reportó al Consejo Nacional Electoral (CNE) cuando fue requerido para rendir cuentas.

La Fiscalía sostiene que tanto Óscar Iván Zuluaga como su hijo David estaban al tanto de esta contribución ilegal y que optaron por ocultarla deliberadamente a la autoridad electoral. Según el ente acusador, esta acción “habría vulnerado el artículo 109 de la Constitución Política de Colombia, el cual prohíbe a los partidos políticos, movimientos y grupos significativos de ciudadanos recibir financiación de personas naturales o jurídicas extranjeras para campañas electorales”.