Ocho partidos políticos colombianos emitieron una declaración conjunta en la que rechazan la intención del presidente Gustavo Petro de convocar por decreto una consulta popular sobre la reforma laboral, iniciativa que ya fue previamente negada por el Senado de la República. Según estas colectividades, proceder con dicha convocatoria sería una violación de la Constitución y una amenaza directa al orden institucional del país.

La polémica surge luego de que el presidente Petro anunciara su intención de firmar un decreto para convocar a las urnas a la ciudadanía con el objetivo de que se pronuncie sobre su propuesta de reforma laboral. La iniciativa original fue rechazada por el Senado el pasado 14 de mayo, con una votación de 49 votos contra 47, y fue calificada por el mandatario como “fraudulenta”.

En respuesta, partidos como Cambio Radical, Centro Democrático, Partido Conservador, MIRA, Colombia Justa Libres, Partido Liberal, Partido de la U y ASI advirtieron que convocar la consulta sin el aval del Congreso es inconstitucional y vulnera la separación de poderes establecida en la Carta Magna.

Llamado a las instituciones del Estado

En su pronunciamiento conjunto, las colectividades hicieron un llamado enfático a las altas cortes y entidades de control para que vigilen con independencia y rigor cualquier intento del Ejecutivo de avanzar en la convocatoria de la consulta.

“Instamos a las instituciones competentes —la Corte Constitucional, el Consejo de Estado, la Procuraduría General de la Nación, la Contraloría General de la República y los organismos electorales— a que actúen con independencia bajo el principio de legalidad, de conformidad con la Constitución”, indicaron en el documento.

Los partidos también solicitaron específicamente al registrador nacional, Hernán Penagos, abstenerse de avanzar en cualquier trámite relacionado con un proceso electoral que derive de un decreto presidencial, hasta que no se verifique plenamente su constitucionalidad.

El rol del Consejo de Estado y la legalidad del acto del Senado

Los firmantes recordaron que el Consejo de Estado ya había ratificado la validez del acto legislativo mediante el cual el Senado archivó la propuesta original del Gobierno, lo que, a su juicio, refuerza la legitimidad de la actuación del Congreso y desacredita cualquier intento de eludir esta decisión a través de un decreto presidencial.

“El Consejo de Estado ya avaló la decisión del Senado de archivar la propuesta del Gobierno, lo que confirma que fue un acto legítimo del Congreso”, señalaron.

Preocupación por el daño institucional

En su comunicado, las ocho colectividades expresaron su profunda preocupación por lo que consideran una “ruptura institucional”, en caso de que el presidente Petro siga adelante con la convocatoria sin cumplir con los pasos establecidos en la Constitución.

“El presidente Gustavo Petro ha anunciado su intención de firmar un decreto para convocar su consulta popular que ya fue rechazada por el Senado de la República. Esta decisión, de concretarse, representaría una violación grave, abierta y directa a la Constitución, una ruptura de la separación de poderes y un golpe directo al Estado de Derecho”, puntualizaron.

Finalmente, los partidos exhortaron a la ciudadanía a respaldar las instituciones democráticas y a rechazar cualquier intento de imponer decisiones unilaterales desde el poder Ejecutivo.

Contexto político y consecuencias legales

La reforma laboral es una de las principales apuestas del Gobierno de Gustavo Petro dentro de su agenda de transformación social. Aunque ha sido discutida en distintas versiones dentro del Congreso, ninguna ha logrado avanzar sin tropiezos. El rechazo de la consulta popular por parte del Senado y la posterior intención del Ejecutivo de emitir un decreto para convocarla, han escalado el debate a un nuevo nivel institucional, que ahora podría quedar en manos de la Corte Constitucional.

Mientras tanto, se espera que los organismos de control y las autoridades electorales definan su postura ante este hecho, el cual podría marcar un precedente en el equilibrio de poderes y en la forma en que se interpreta la soberanía popular dentro del marco del Estado Social de Derecho colombiano.

Esta situación plantea interrogantes clave sobre los límites del poder presidencial, la función del Congreso y el rol de las altas cortes como garantes de la legalidad en el país.