Nicaragua negó oficialmente la extradición de Carlos Ramón González, exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia y del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre), y le otorgó asilo político. La decisión se conoció la tarde de este miércoles 20 de agosto, pese a que el presidente Gustavo Petro había solicitado personalmente al gobierno nicaragüense la entrega del funcionario a la justicia colombiana.

El gobierno de Daniel Ortega fundamentó su decisión en la Resolución Ministerial No. 001-2025, citando la Constitución Política de Nicaragua y diversos instrumentos internacionales de derechos humanos. En la comunicación oficial enviada a la Cancillería colombiana, Nicaragua invocó la Convención Americana sobre Derechos Humanos.

“Toda persona tiene el derecho de buscar y recibir asilo en territorio extranjero en caso de persecución por delitos políticos o comunes conexos con los políticos”, señala el documento nicaragüense. Además, establece que ningún extranjero puede ser devuelto a un país donde su vida o libertad personal esté en riesgo por sus opiniones políticas, nacionalidad, religión o condición social.

Carlos Ramón González está imputado por la fiscalía general de la Nación por los delitos de cohecho por dar u ofrecer, peculado por apropiación en favor de terceros y lavado de activos. Los cargos se relacionan con el entramado de corrupción en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Según la acusación fiscal, González solicitó al entonces director de la UNGRD, Olmedo López, entregar contratos por 60.000 millones de pesos al expresidente del Senado Iván Name y 10.000 millones al expresidente de la Cámara Andrés Calle. El objetivo era obtener apoyo parlamentario para los proyectos gubernamentales.

El Tribunal Superior de Bogotá ordenó su captura el pasado 3 de julio, convirtiéndolo en prófugo de la justicia desde noviembre de 2024.

El presidente Petro manifestó durante el consejo de ministros del 15 de agosto que su administración no solicitó ninguna residencia para González en Nicaragua. “Yo no protejo amigotes que se roban la plata, siempre he pedido que vayan a la cárcel”, declaró el mandatario, quien aseguró haberse enterado de la situación por los medios de comunicación.

El ministro del Interior, Armando Benedetti, calificó la decisión nicaragüense como “inamistosa y agresiva”. “Si el presidente pide en extradición a alguien a cualquier país el cual existen los tratados, y ese país no corresponde a esa extradición, es algo inamistoso y agresivo que no debe pasar”, expresó.

La negativa de Nicaragua agrega tensión a las relaciones bilaterales. Petro reveló que el país centroamericano tampoco ha dado aval para que el nuevo embajador colombiano asuma funciones en Managua, evidenciando las complejas dinámicas diplomáticas entre ambas naciones.

Con información de wradio, bluradio