A pocas semanas de las elecciones presidenciales en Colombia, la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, lanzó nuevas alertas sobre el panorama político y de seguridad que rodea el proceso electoral de 2026. La analista señaló que la desinformación en redes sociales, el incremento de acciones armadas y la desconfianza frente a las instituciones electorales representan algunos de los principales desafíos para los comicios.

Barrios, quien lidera la MOE desde hace más de dos décadas, aseguró que el debate alrededor de un posible fraude electoral continúa siendo uno de los factores que más incertidumbre genera entre la ciudadanía, especialmente después de las controversias registradas durante las elecciones legislativas de 2022.

Según explicó, en ese momento sí existieron problemas en la transmisión de datos del Senado, particularmente relacionados con los formularios E-14, aunque insistió en que no hubo fraude electoral ni alteración de resultados. “Hubo un problema en la transmisión y en el diseño del E-14, pero en ningún momento hubo fraude electoral”, afirmó.

La directora de la MOE destacó que, de cara a las presidenciales de este año, la Registraduría Nacional ha implementado mecanismos de control y transparencia que, según dijo, no se habían visto en anteriores procesos electorales. Entre ellos mencionó el acceso a formularios escaneados, auditorías técnicas más amplias y mesas de trabajo permanentes con los partidos políticos.

Barrios aseguró que las auditorías al sistema electoral han adquirido un nivel de importancia sin precedentes. Explicó que actualmente existe un periodo de revisión del código fuente y de los sistemas de transmisión de información durante aproximadamente dos semanas, con participación de organizaciones políticas y expertos técnicos.

También resaltó que los partidos han fortalecido la capacitación de sus testigos electorales, quienes ahora tienen una participación más activa dentro de los puestos de votación y en la supervisión del conteo de votos.

Sobre las constantes advertencias del presidente Gustavo Petro alrededor de un posible fraude electoral, Barrios indicó que el Ejecutivo tiene acceso privilegiado a la información relacionada con la organización de los comicios y a los espacios institucionales donde se revisan las garantías del proceso.

En ese sentido, recordó que el Ministerio del Interior participa en las comisiones nacionales de seguimiento electoral y puede solicitar reuniones técnicas con la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y otros organismos de control para revisar cualquier inquietud relacionada con la transparencia electoral.

Sin embargo, la directora de la MOE expresó una preocupación especial frente al deterioro del orden público en varias regiones del país. Señaló que actualmente existe un aumento de acciones armadas en departamentos como Cauca, Antioquia, Córdoba y zonas del suroccidente colombiano, donde operan grupos ilegales y disidencias armadas.

De acuerdo con Barrios, estos hechos afectan directamente las garantías democráticas porque generan temor entre candidatos, líderes políticos y ciudadanos que deben desplazarse a zonas rurales para ejercer su derecho al voto.

“Hay grupos armados que buscan demostrar control territorial y eso limita la movilidad de las personas, especialmente en las veredas donde la población debe trasladarse para votar”, explicó.

Otro de los puntos que encendió las alertas de la MOE es el crecimiento de la desinformación a través de redes sociales y plataformas de mensajería como WhatsApp. Según Barrios, uno de los fenómenos más preocupantes es la mezcla de información verdadera con contenidos falsos para generar confusión y desconfianza entre los votantes.

La analista recordó que durante procesos electorales anteriores circularon versiones falsas relacionadas con formularios electorales y presuntas alteraciones de votos, lo que terminó afectando la confianza ciudadana en el sistema democrático.

Para Barrios, el contexto actual combina altos niveles de polarización política, discursos estigmatizantes y campañas de desinformación, elementos que podrían aumentar la tensión durante el desarrollo de las elecciones presidenciales previstas para este año en Colombia.