La Corte Suprema de Justicia se inhibió de abrir investigación penal contra seis congresistas denunciadas por injuria y calumnia por el ministro del Interior, Armando Benedetti, al concluir que actuaron amparadas por la inviolabilidad parlamentaria al cuestionar su nombramiento ante el presidente Gustavo Petro.

La controversia se originó en febrero de 2025, cuando las representantes Catherine Juvinao Clavijo, Julia Miranda Londoño, Lina María Garrido Martín, Marelen Castillo Torres, Carolina Giraldo Botero y Luvi Katherine Miranda Peña enviaron una carta a la Casa de Nariño en la que rechazaron la designación de Benedetti como ministro del Interior.

En el documento lo calificaron de “misógino” y “maltratador” y señalaron que era inaceptable que una persona señalada por presuntas violencias de género asumiera la interlocución con las mujeres del Congreso.

Benedetti presentó querella formal al considerar que las expresiones vulneraban su dignidad, buen nombre y presunción de inocencia. Sostuvo que no existe decisión judicial o disciplinaria que lo declare responsable por hechos de violencia machista y aportó publicaciones en redes sociales y entrevistas para sustentar lo que describió como una campaña sistemática en su contra.

Al evaluar el caso, la Sala de Instrucción determinó que las congresistas actuaron en ejercicio de su función de control político y que la carta constituyó una opinión crítica frente a una decisión administrativa del jefe de Estado. Según el alto tribunal, no se configuró ánimo injurioso, pues las referencias buscaban cuestionar la idoneidad del funcionario en el contexto del debate democrático.

La decisión no solo cerró la puerta a la investigación penal, sino que derivó en la remisión de copias a la Procuraduría General de la Nación y a la Defensoría del Pueblo para que evalúen posibles expresiones sexistas atribuidas al ministro contra la representante Catherine Juvinao.

Durante el proceso, Juvinao rindió testimonio en el que afirmó haber sido objeto de descalificaciones relacionadas con su condición de mujer y aportó publicaciones del funcionario que, a su juicio, contienen mensajes misóginos. La Corte consideró pertinente que esas afirmaciones sean analizadas por los órganos de control competentes.