El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha abierto una investigación contra la campaña de Gustavo Petro en las elecciones de 2022 por presunta violación de los topes de gastos y financiación irregular. Sin embargo, según expertos constitucionalistas, este proceso no pone en peligro la continuidad del mandatario en su cargo.

La investigación se centra en la posible superación de los límites de gastos establecidos para la campaña presidencial y el uso de fuentes prohibidas que no habrían sido declaradas. El CNE ha señalado que Gustavo Petro, su entonces gerente de campaña, Ricardo Roa, y otros miembros del equipo deberán responder por estas presuntas irregularidades.

Alcance de la investigación

Aunque el CNE está facultado para investigar las finanzas de las campañas, el constitucionalista Juan Manuel Charry aclara que dicho organismo no tiene la capacidad de destituir al presidente. Según Charry, el CNE puede formular cargos y, si encuentra responsabilidad, remitir las pruebas al Congreso de la República, que sería el encargado de proceder con un eventual juicio político.

“La función del CNE es probar si hubo vulneraciones durante la campaña y, en caso afirmativo, enviar las pruebas a la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes”, explica Charry. En este contexto, el Congreso es el único órgano que puede iniciar un proceso para destituir al jefe de Estado, si así lo considera necesario.

El CNE ha señalado que la campaña de Petro habría excedido los topes de gasto en aproximadamente 5.355 millones de pesos (alrededor de 1,2 millones de dólares), lo que ha motivado la apertura del proceso.

Posibles sanciones

En caso de que se comprueben las irregularidades, las sanciones que puede imponer el CNE incluyen multas, la congelación de giros y la devolución de recursos. Sin embargo, cualquier responsabilidad penal o política que afecte directamente al presidente Petro dependería de un juicio político que debería ser llevado a cabo por el Congreso, tal como lo establece la Ley 996 de 2005.

De hecho, Charry subraya que aunque el CNE puede imponer sanciones administrativas, estas recaerían en los responsables de la campaña, no en el presidente. Si el caso llega a la Comisión de Acusaciones de la Cámara y se encuentra mérito para acusar al presidente, el proceso continuaría en el Senado, que tendría la última palabra.

El presidente Gustavo Petro ha calificado la actuación del CNE como un “golpe de Estado” y ha llevado el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH). Petro sostiene que el CNE ha extralimitado sus funciones y que no ha respetado su fuero presidencial.

Sin embargo, otros expertos, como el exvicepresidente y negociador de paz Humberto de la Calle, opinan que el cargo de Petro no está en riesgo. “El CNE no puede destituir al presidente”, afirmó De la Calle, quien también señala que el proceso abierto contra la campaña de Petro no afecta directamente al mandatario. De la Calle destacó que Petro cumplirá su mandato hasta 2026 y calificó como exagerado el argumento del “golpe de Estado”.

Un proceso prolongado

El desarrollo completo de este proceso podría tomar varios meses, e incluso extenderse hasta junio de 2025. Mientras tanto, el CNE continuará con su investigación para determinar si hubo o no irregularidades en la financiación de la campaña.

En caso de que el CNE imponga sanciones, estas podrían incluir multas o la pérdida de la personería jurídica para el partido político involucrado. No obstante, es importante recordar que cualquier decisión relacionada con la destitución del presidente recae exclusivamente en el Congreso.